Con todos los riesgos que implica una sociedad harta de la clase dirigente, el gobernador jalisciense Aristóteles Sandoval Díaz ha hecho una apuesta que ha comenzado a prender en la sociedad: la transparencia y sobre todo la contraloría social.
Luego del desorden político, administrativo y presupuestal del gobernador panista Emilio González Márquez, su sucesor enfrentó la irritación social ante los manejos arbitrarios y sin contrapesos de los recursos públicos. Como en ninguna otra entidad hasta ahora, Jalisco podría marcar el camino de la democracia vigilada por la sociedad con instrumentos legales y sobre todo con capacidad de sanciones.
Aunque las contralorías sociales existen a nivel federal vía la disfuncional Secretaría de la Función Pública, en los estados radica el mayor número de irregularidades en los manejos de los recursos públicos, la mayor opacidad en la vigilancia sobre los funcionarios y la menor infraestructura para que los diferentes grupos sociales supervisen obras en sus comunidades y vigilen la transparencia.
También de manera inusual, la promoción de la contraloría social ha echado mano a instrumentos inéditos: este año Jalisco está convocando el premio de contraloría social 2014, promovido por una comisión de contralores estados-federación, aunque sin mucha promoción en otras entidades de la república. Al final, el propósito es promover la multiplicación de comités de contraloría social para la vigilancia de las obras.
Los gobiernos estatales han sido cuidadosos -para decir lo menos- en darle muchas alas a los grupos sociales porque la observación social impide los negocios colaterales en las obras públicas presupuestadas. El problema de los moches que hizo estallar una crisis en el PAN pudo existir justamente por la opacidad en el manejo de la asignación de recursos presupuestales en el gasto público federal y también la falta de supervisión de la sociedad sobre las finanzas estatales y principalmente municipales.
Con casi año y medio en el poder, el gobernador Aristóteles Sandoval le ha apostado al involucramiento de la sociedad. Y le ha entrado con iniciativas curiosas porque no jalan el interés político pero sí contribuyen a fomentar una cultura de la observación social, sobre todo ahora que se abrió el debate por una declaración del presidente Peña Nieto en el sentido de que la corrupción es un asunto de cultura.
A través de la Contraloría del estado, el gobernador jalisciense abrió un concurso de proyectos sobre vigilancia gubernamental para estudiantes universitarios, sin duda los más inquietos en las denuncias de corrupción.
La importancia de estas iniciativas radica en el hecho de que los espacios para la corrupción se derivan más de la opacidad y de la impunidad que de la cultura del mexicano basada en la dialéctica histórica dominación-resistencia. La alternancia federal y estatal del PRI al PAN resultó un fracaso en materia de transparencia y contraloría social sobre el ejercicio presupuestal del gasto público, a pesar de que la honestidad había sido la esencia del discurso político del PAN.
En Jalisco, el gobierno del panista González Márquez causó estragos en el ejercicio del gasto público por la opacidad y la ausencia de vigilancia social. Ahí radica la importancia del experimento Jalisco del gobernador Aristóteles Sandoval, sobre todo por el compromiso público. Eso sí, su gobierno va a ser juzgado no sólo por la honestidad sino por la creación de una infraestructura social que impida los saqueos sexenales de las arcas públicas.
La clave radica en dotar a la sociedad de mecanismos de vigilancia de los recursos públicos para limarle las uñas a los funcionarios corruptos.