BUENOS AIRES. En una sesión maratónica que comenzó al mediodía del miércoles, el oficialismo argentino impuso su mayoría parlamentaria para aprobar la polémica reforma de la Ley de Abastecimiento, mientras los empresarios hablan de intervencionismo e inconstitucionalidad y la oposición anuncia que la derogará si gana las presidenciales de 2015.

 

 
El oficialismo sacó adelante la reforma por 130 votos a favor, contra 105 votos en contra y 5 abstenciones. El proyecto tuvo un trámite exprés, ya que el dictamen de comisión había sido aprobado apenas el martes.

 

 

Esta ley “permite defender a las pequeñas y medianas empresas, promover la inversión, estimular el empleo en las economías regionales y establecer condiciones de regulación por parte del Estado, a los efectos de evitar el abuso de posición dominante y apropiación indebida de excedentes en la cadena de producción”, celebró el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

 

Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich afirmó que con esta norma se evita que “en la cadena de valor, los mismos ‘vivos’ de siempre, los que tienen posición dominante, perjudiquen al productor mediante un aumento artificial de precios”.

 

Rechazó las críticas recibidas desde el sector empresarial y la oposición, que sostienen que el proyecto no cumple con los objetivos de la defensa del consumidor y la promoción de la competencia, sino que establece la “intervención directa” del Estado en la economía y en las empresas.

 

“En un momento donde se debe generar confianza y certidumbre para promover la inversión que permita generar empleo de calidad y crecimiento económico, iniciativas como esta, además de su inconstitucionalidad, van claramente en sentido contrario a esos objetivos que el propio gobierno Nacional manifiesta promover”, sostuvo la Unión Industrial Argentina en un comunicado.

 

En el mismo sentido se pronunciaron los diputados de los principales bloques opositores, que votaron en contra de la iniciativa en el Parlamento.

 

Durante la sesión, el jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, definió la nueva ley como “absolutamente inconstitucional” y aseguró que impone la “discrecionalidad, pensando que generando temor se puede generar disciplina”.

 

Los radicales anunciaron en la Cámara que de conseguir el triunfo en las presidenciales de 2015, derogarán la norma, y en el mismo sentido se manifestaron hoy representantes del partido peronista disidente Frente Renovador (capitaneado por Sergio Massa, líder en las encuestas de intención de voto para 2015).

 

“Si el Frente Renovador llega al poder, en 2015 anularíamos esta ley”, prometió el diputado del Frente Renovador José Ignacio de Mendiguren, en declaraciones radiales.

 

La nueva Ley de Abastecimiento, que sustituye a otra vigente desde 1974, pretende regular las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo con el objetivo de evitar “abusos”, según el texto del proyecto.

 
Ante situaciones de desabastecimiento o escasez, el gobierno podrá imponer la producción de bienes aún a pérdida de la empresa (que podrá pedir una compensación) y se sancionarán las subidas injustificadas de precios y la acaparación de materias primas.

 

De este apartado quedan excluidas las pequeñas y medianas empresas por no tener una posición dominante en el mercado.

 

El Ejecutivo de Cristina Fernández presentó la reforma junto con otras dos iniciativas -la creación de un observatorio de precios y un fuero del consumidor-, dentro de lo que denominaron como leyes de defensa del consumidor.

 

Las tres normas habían sido ya aprobadas por el Senado argentino, también de mayoría oficialista, a comienzos de este mes.

 

La reforma de la regulación del comercio y la producción llega en un momento de incertidumbre para la economía argentina, debido a la contracción del crecimiento, la elevada inflación y la crisis de la deuda en Estados Unidos.