El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidió hacer público el contrato de la construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz, Baja California Sur, el cual involucra en irregularidades a Oceanografía, Pemex Refinación y la empresa paraestatal Impulso Inmobiliario Integral Servicios.
Los detalles del contrato están ocultos debido a que Impulso Inmobiliario Integral Servicios y Pemex Refinación habían negado la información porque forma parte de una averiguación previa de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, los comisionados del IFAI votaron por desclasificar la información al argumentar que en el contexto de la reforma energética, la cual apertura la inversión petrolera a la Iniciativa Privada, es necesaria la rendición de cuentas en Pemex para evitar casos de corrupción.
La comisionada Areli Cano señaló que “Pemex está viviendo un momento histórico, donde se abre la inversión privada, nacional y extranjera; toma importancia fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas”.
En su opinión, al transparentar el contrato se abona a “combatir y contrarrestar posibles actos de corrupción y desvío de recursos, como los dados a conocer públicamente en torno a la empresa Oceanografía, la cual ha obtenido de Pemex diversos contratos, como el de la construcción del Muelle en la residencia de Operaciones Portuarias, de La Paz”.
La decisión del órgano de transparencia surge a raíz de que un ciudadano solicitó a Impulso Inmobiliario Integral Servicios, filial de Pemex, una copia del contrato GCMSC 3 048/10, el cual fue clasificado como reservado por cinco años por “estar inmerso en una averiguación previa, así como por tratarse de información que se encontraba en un expediente judicial”.
Al discutir el caso, el IFAI determinó que “los documentos solicitados son de naturaleza pública y fueron generados previamente al procedimiento judicial aducido” y “no es posible señalar de qué manera su publicidad afectaría la resolución de la autoridad competente”.
En su recurso de revisión RDA 2400/2014, el Instituto consideró que “el hecho de que el contrato fuera reservado por parte del sujeto obligado abonó a la percepción generalizada de la falta de transparencia de los procedimientos para asignar proyectos de obra pública, por lo que al entregar la información se fortalece una cultura de rendición de cuentas”.
Los hechos
Aunque el contrato, y sus adecuaciones, permanece clasificado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la ejecución del Muelle La Paz que Pemex Refinación adjudicó a Impulso Inmobiliario Integral Servicios – misma empresa paraestatal encargada de construir la Estela de la Luz- por un monto de 347 millones de pesos.
En 2010, la empresa subcontrató a Oceanografía, investigada por tejer una presunta red de corrupción junto con funcionarios de Pemex para la construcción del muelle, que se suponía estaría listo en octubre de 2012.
La ASF detectó diversas irregularidades, como la asignación de la obra a Oceanografía por un monto de 229 millones de pesos cuando el contrato original era de más de 300, así como el retraso en su ejecución, pues en marzo de 2012 sólo llevaba un 9% de avance.
Ante ese escenario, y aunque Oceanografía se encuentra bajo investigación de la PGR, el IFAI ordenó a Impulso Inmobiliario Integral Servicios publicar el contrato por el que le adjudicó la obra del Muelle La Paz a Oceanografía así como sus convenios modificatorios.
La empresa subcontratada
En 2012 Pemex Refinación concedió dos contratos a Impulso Inmobiliario Integral Servicios (III Servicios) por 229 millones de pesos para la construcción del muelle de operaciones portuarias en La Paz, Baja California Sur.
Y aunque el muelle debió ser construido por III Servicios, fue subcontratada Oceanografía, la empresa de Amado Yáñez, en una asociación denominada Blastinaval, formada junto con Proyectos y Medio Ambiente.
Los reportes de observaciones de la ASF señalan que en esta obra Pemex Refinación y III Servicios incumplieron con las disposiciones normativas aplicables al presupuesto, ejecución y pago de la obra, lo que representó importantes retrasos.