Aunque durante dos años los legisladores que integran las comisiones especiales de la Cámara de Diputados han recibido millonarios presupuestos para llevar a cabo sus actividades, ninguna de ellas ha producido ningún documento parlamentario.
Una revisión de 24 HORAS a través del sitio por internet de la Cámara de Diputados, actualizado al 18 de setiembre, pone en evidencia que de las 34 comisiones especiales no existe registro de la emisión de un solo asunto turnado para dictamen.
Lo anterior, pese a que dichos grupos de trabajo han recibido fondos por 21 millones 390 mil pesos durante los 24 meses que lleva la presente Legislatura.
Por ejemplo, según documentos oficiales, en poder de este diario, la comisión especial de Análisis de la Agroindustria Azucarera, que preside Tomás López Landero (PRI), no ha turnado ningún asunto en lo que va de la presente Legislatura, pero ha recibido fondos por 6 millones 768 mil pesos en estos dos años.
En el mismo caso se encuentra la comisión especial de Minería, que preside el diputado Máximo Othón Zayas (PAN), quien ha obtenido 3 millones 384 mil pesos, pero no ha aportado ningún documento o asunto al parlamento. En este grupo están adscritos 14 legisladores federales, quienes para realizar su trabajo cuentan con 46 asistentes (dos secretarios, un secretario técnico, un asistente parlamentario, dos asesores “A” y 14 asesores “B”).
Al igual que las 33 comisiones restantes, esta comisión obtiene recursos adicionales para telefonía celular, papelería, vales de alimentos, boletos de avión, cafetería y, además, servicio de edecanes.
Turismo parlamentario
Los diputados federales que integran las diversas comisiones han disfrutado de los beneficios del erario público para sostener viajes por cielo, mar y tierra, al interior del país con la intensión de cumplir con sus obligaciones parlamentarias.
Por este motivo, más que la confección de documentos que abonen a la actividad legislativa, se registra un sinnúmero de viajes a diversos puntos del país e, incluso internacionales, para llevar a cabo sus actividades.
Respecto a los informes de sus actividades, sólo 15 de las 34 han cumplido en tiempo y forma con la emisión con su informe anual, que por reglamento están obligados a presentar, en los cuales se aprecia la realización de giras de trabajo.
Por ejemplo, los integrantes de la comisión especial de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que preside Hugo Jarquín (PRD), reportó traslados a Guanajuato, Oaxaca, Michoacán y Veracruz, en abril pasado para llevar a cabo mesas de trabajo con la intención de “crear bases a fin de mejorar el desarrollo del país”.
La comisión especial de Asuntos Alimentarios, que preside Gloria Bautista (PRD), independientemente de las salidas nacionales reportó un viaje para estar presentes en el foro parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, en Santa Cruz, Bolivia, entre el 4 y 8 de septiembre pasados.
Resalta que de estos viajes no se ha realizado ninguna iniciativa en San Lázaro.
Su origen
El reglamento interno de la Cámara de Diputados establece que el espíritu de estos grupos es el de “atender asuntos específicos que se les encomienda. Y se crearán por acuerdo del pleno”, es decir, cuando algún tema o hecho nacional lo amerite.
Sin embargo, este mismo reglamento carece de puntos para delimitar los alcances de sus funciones, tiempo y metodología, mucho menos la transparencia del uso de los millonarios recursos económicos que reciben del erario público.
Lo que sí están obligados a hacer es “entregar a la Cámara, a través de la Conferencia, y al público en general, a través de los medios de divulgación disponibles, informes semestrales e informe final”, situación que tampoco ha sido cumplida por la mayoría de las camiones especiales.
Alistan transformación de PGR y Fiscalía Anticorrupción
El presidente Enrique Peña Nieto enviará al Congreso de la Unión la iniciativa para crear y reglamentar la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción, informó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro afirmó que este tema será un asunto prioritario para los legisladores del PRI, quienes “habremos de analizar con toda responsabilidad para dotar a México de los mejores instrumentos a su alcance para prevenir y sancionar este flagelo nacional”.
De acuerdo con la reciente reforma constitucional en materia de régimen de gobierno, la Fiscalía General de la República sustituirá a la actual Procuraduría General de la República (PGR), mientras que la Fiscalía Anticorrupción sería un órgano especializado con facultades pare ejercer la acción penal contra funcionarios que incurran en algún tipo de soborno.
El líder de la fracción priista de San Lázaro explicó, en su reciente reunión plenaria, que dicha fiscalía tendría posibilidad de integrar averiguaciones previas con el “propósito de evitar duplicidades’’, indicó.
A su vez, Marcos Aguilar Vega, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN, anticipó por separado que su partido propondrá, en marco de esta discusión, constituir un Tribunal Federal de Responsabilidades Administrativas.
“La propuesta original del Presidente de la República y la aprobada por los senadores solamente abarca al ámbito del poder Ejecutivo, sin atender a los órganos Legislativo, jurisdiccional y, por supuesto, los órganos constitucionalmente autónomos’’, aseguró.
Ante este panorama, Manlio Fabio Beltrones aseguró que hoy en día uno de los temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia mexicana es el combate a la corrupción; incluso, recordó como uno de los objetivos comprometidos durante la campaña a la presidencia de la República del entonces candidato, Enrique Peña Nieto.
Recordó que con este tipo de nuevos instrumentos se podrá hacer enfrentar de mejor manera a casos como el de la minera Buenavista del Cobre en Cananea, en Sonora, en lo que es “el mayor desastre ecológico en la historia de la minería en nuestro País”.
En ese sentido, reiteró, que los diputados del Revolucionario Institucional trabajarán en un paquete legislativo que fortalezca al Estado mexicano en sus capacidades regulatorias y de sanción.