Los soldados de la 22 Zona Militar que llegaron el 30 de junio a una bodega en Tlatlaya, Estado de México, donde mataron a 22 civiles en lo que se dijo que fue un enfrentamiento, no estaban en la zona por casualidad sino atendiendo un reporte de personas secuestradas en el sitio.
Así lo reveló en entrevista con 24 HORAS la presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien dijo que de acuerdo con los datos a los que tuvo acceso la intervención militar en el sitio se encuentra justificada, aunque las circunstancias del posterior enfrentamiento deben ser investigadas.
“Es la información que yo tengo, de que fue a través de una denuncia ciudadana que el Ejército se entera de que había ahí gente secuestrada y por eso intervienen. Es una situación frecuente actuar por estas denuncias y es la facultad que da la Constitución si está en riesgo la vida. Ingresaron al inmueble y en efecto había personas secuestradas”, dijo la activista.
Caber señalar que en el comunicado oficial emitido el día del incidente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que en un “reconocimiento terrestre se ubicó una bodega custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego”. No da mayores detalles.
Miranda insistió en que es habitual que los militares actúen para atender denuncias anónimas y ciudadanas, y que está plenamente justificada su intervención pues participan en apoyo a tareas de seguridad pública en áreas de alta incidencia delictiva.
En el caso específico de Tlatlaya señaló que, según la información a la que tuvo acceso su asociación civil como miembro del Consejo de Seguridad, sí se recibió el reporte de secuestros en el área.
“Habrá que ver cómo fue el enfrentamiento, pero de que entraron con justificación eso sí te lo puedo decir porque había un reporte de personas secuestrados”, apuntó.
Wallace dijo que es obligación de la PGR esclarecer las circunstancias posteriores a la intervención militar y en ese contexto consideró que no debe especularse, pues la verdad la arrojarán los peritajes ministeriales que se lleven a cabo y el análisis de otras evidencias.
Prevén reconstrucción
La indagatoria de la PGR por este caso ya cumplió 80 días sin que hasta ahora se hayan esclarecido los hechos.
En la Procuraduría indicaron que no es posible dar a conocer aún una versión definitiva ni detalles de las pruebas que se verifican, y recordaron que hay un equipo ministerial específico trabajando en el asunto por instrucciones del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundia.
Fuentes ministeriales señalaron que se prevé llevar a cabo varias diligencias, entre ellas una reconstrucción de hechos en el sitio de incidente con la participación de los elementos militares que estuvieron en el despliegue.
Sobre la consignación de dos de las tres mujeres que se encontraron en la bodega, en la PGR dijeron que se procedió penalmente tras verificarse el aseguramiento de 38 armas largas y cortas, así como una granada de fragmentación que se hallaron en el sitio. No se precisaron más detalles.
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