La validación de 13 millones de firmas, entregadas por cuatro partidos políticos para consultas populares, costará al Instituto Nacional Electoral (INE) 30 millones de pesos, monto que se erogará aunque las consultas no se lleven a cabo.
De acuerdo con el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, la comprobación de que los ciudadanos firmantes existen representa el primer paso de las consultas populares y conlleva un gasto que deberá ser absorbido, en su totalidad, por el órgano electoral.
Ayer, en conferencia, el funcionario detalló que 16.3 millones de pesos se utilizarán para el pago de mil 790 capturistas, que pasarán la información de un formato físico a uno digital.
Los restantes 13.6 millones de pesos serán ocupados en el arrendamiento de computadoras, inmobiliario y demás gastos de operación generados para la validación de las firmas.
El INE, explicó, realizó un estudio de costos y parte de los recursos saldrán de la ampliación presupuestal derivada de la reforma electoral en vigencia desde mayo de este año.
“La institución ya hizo el análisis económico para poder soportar este mandato legal que, insisto, para cuando se hicieron las proyecciones presupuestales todavía no se tenía certeza de cuántos ejercicios”.
En la víspera, el INE recibió 13 millones de firmas para cuatro consultas: dos sobre la reforma energética promovidas por PRD y Morena; una sobre salarios mínimos, del PAN, y otra sobre la eliminación de 100 diputados plurinominales, del PRI.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía tendrá que aprobar las consultas populares, por lo que, aunque sean rechazadas, el instituto electoral tendrá que erogar 30 millones de pesos para comprobar que los partidos entregaron firmas originales.
“Hubiéramos hecho muy mal si hubiéramos presupuestado 50 o 60 millones de pesos y hubiéramos gastado 30. Es decir, muy responsablemente lo que hicimos fue tener una previsión, pero sabíamos en función de cómo llegaran, qué volumen de información, llegaríamos a tener que hacer ajustes”.
De los 13 millones de registros sometidos a revisión, apuntó, hasta el último corte han detectado “170 mil formatos que nosotros identificamos con incidencias, que pueden ser un formato que de plano pues venga en blanco, que no tenga ningún registro ahí presentado, que viene en un formato diferente”.
El proceso
El instituto electoral tiene un plazo máximo de 30 días para validar que las firmas entregadas por PRI, PAN, PRD y Movimiento Regeneración Nacional sean auténticas.
Para ello, según los lineamientos aprobados por el Consejo General, se realizarán visitas domiciliarias a 850 mil personas por cada consulta popular puesta a consideración.
Después, la Secretaría Ejecutiva del INE enviará un informe al Congreso de la Unión sobre cada una de las consultas y si cumplen o no con el requisito de recabar 1.5 millones de firmas.
El proceso continuará en la Corte, instancia que validará la constitucionalidad de las preguntas a consulta. Las que sean aprobadas se someterán a consideración de la ciudadanía durante el proceso electoral de 2015 en las más de 90 mil casillas únicas que se instalarán en el país.