El procurador federal Jesús Murillo Karam aseguró que en el caso Tlatlaya, donde murieron 22 personas en un enfrentamiento con el Ejército en el Estado de México el pasado 30 de junio, así como la investigación del secuestro y homicidio del diputado federal Gabriel Gómez Michel, ocurrido esta semana en Jalisco, llegarán al fondo y a la verdad.
Al comparecer ante integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Ejecutivo Federal, confirmó lo que 24 HORAS adelantó respecto a que en el caso de Tlatlaya se tiene pensado una reconstrucción de hechos.
Además de que deben rectificar algunos peritajes que ya se habían hecho y faltan otros más.
Reconoció que es un “asunto bastante complejo”, pero prometió que la autoridad llegará a la verdad “sea cual sea”.
Por ahora, dijo, no puede dar una versión de lo que sucedió hasta que concluyan todos los peritaje de las investigaciones en curso.
Pronta respuesta al asesinato de Gómez Michel
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que el Ministerio Público Federal atrajo la investigación del homicidio del diputado federal priísta Gabriel Gómez Michel, aseguró que es “un hecho que no debe repetirse”.
Esto no es “por petición de nadie”, sino porque es una obligación de la PGR dado que es legislador federal, sostuvo.
“Es un hecho muy doloroso… ojalá que tenga la capacidad para resolverlo”.
Durante la comparecencia, el diputado Luis Cházaro, aseguró que aún hay temas pendiente de materia de justicia como los contratos de Pemex a Oceanografía y la respuesta sobre el asesinato de su compañero Gabriel Gómez Michel.
Al comenzar su participación a las 17:00 horas en el recinto de San Lázaro, Murillo Karam, se refirió al nuevo proceso de transición de la PGR a Fiscalía General, luego de reformas aprobadas por el Congreso, destacando que él constitucionalmente es fiscal, pero legalmente es procurador.
Empleos, Pemex y ahorradores, prioridad en caso Oceanografía
En el caso del fraude de Oceanografía se dio prioridad a preservar el empleo, no afectar a Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló el procurador federal Jesús Murillo Karam.
Así como se evitó dejar sin dinero a más de un millón de ahorradores de Caja Libertad donde Amado Yáñez era socio.
Al comparecer ante la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Ejecutivo Federal, Murillo precisó que Oceanografía fue un caso entre particulares, no por ello menor.
Agregó que la empresa no es más propiedad de Amado Yáñez.
Aclaró que ni la investigación en la Línea 12 del Metro ni el caso Villarreal, tesorero de Coahuila, son asuntos aún de competencia federal
Cabe mencionar que durante la comparecencia, la subprocuradora Mariana Benítez se acercó constantemente a Murillo Karam para proporcionarle datos, ante los cuestionamientos de los legisladores.
Justicia Penal
Murillo Karam reconoció que la implementación del nuevo sistema de justicia penal va lento y que incluso la federación está aún más atrasada que los estados.
Ello en respuesta a los cuestionamientos dellegislador Cházaro quien aseguró que el Sistema de Justicia Penal quitará trabajo a los jueces para que procesos sean más ágiles además de destacar la urgencia de digitalizar los expedientes, así como la labor del Centro de Formación Profesional.
La diputada del PAN Karina Labastida, dijo a Murillo que las cifras de incidencia delictiva están maquilladas. Que sólo se denuncia 1 de cada 10 delitos y que a la PGR se le ha ido incrementando el presupuesto pero hay pocos resultados.
Seis neuvos peritajes por Guardería ABC
Murillo Karam explicó a los diputados que en el caso ABC se han hecho seis nuevos peritajes, de los cuales uno arroja que el incendio posiblemente fue provocado
Aunque, señaló, los otros cinco dicen que no fue así. Y agregó que el expediente sigue abierto.
A Azcárraga, “aún no podemos traerlo”
Sobre el empresario Gastón Azcárraga, el titular de la PGR señaló que sigue en Estados Unidos en un juicio de asilo y aún no puede hacer nada para traerlo detenido, hasta que este se resuelva.
Por su parte, la Elena Tapia dice que la justicia además de ineficaz es “ofensivamente cara”. Revela que si se hace un cruce entre presupuestos y averiguaciones despachadas. Resaltó que en el 2008 cada averiguación costaba 81 mil pesos y en 2013 cada averiguación costó 143 mil pesos.