El presidente Enrique Peña Nieto entregó ayer a la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley para crear una Fiscalía en sustitución de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de brindarle total autonomía en sus funciones.
Así, con la transición de Procuraduría a Fiscalía, Jesús Murillo Karam tendría la posibilidad de signar “acuerdos” por encima de la decisión de algún juez, para permitir la liberación de posibles delincuentes o incluso la suspensión de algún proceso penal.
“Otorgar la libertad provisional bajo caución, resolver el no ejercicio de la acción penal, solicitar la cancelación de ordenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia, el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso, así como cualquier otro acto de autoridad que el fiscal general determine”, cita el artículo décimo tercero de la iniciativa presidencial.
Entre otras atribuciones, el responsable de la Fiscalía General de la República (FGR), además, sería el único en autorizar la infiltración de agentes, de cualquier dependencia de seguridad, a fin de que éstos lleven a cabo investigaciones u operaciones encubiertas previstas en la Ley.
Además, el titular de la FGR tendría la obligación de fungir como intermediario entre los concesionarios de telefonía y la Federación, al solicitar información geográfica en tiempo real de equipos de celulares y datos que se produzcan en ellos.
En julio pasado, el titular del Ejecutivo promulgó la reforma en telecomunicaciones que entre sus alcances está la obligación de los empresarios del ramo de grabar y conservar las conversaciones telefónicas de particulares por un periodo de dos años.
De esta forma, cualquier tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados), están sujetos a intervención y almacenaje.
El contenido
Según la iniciativa presidencial —que ya circula entre los integrantes de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside Ricardo Pacheco Rodríguez (PRI)— resalta que en caso de desacato de las firmas en telecomunicaciones se harían acreedores a sanciones penales.
Aunado a esto, el Fiscal estaría facultado, en caso de registrase algún delito, a solicitar la autorización para intervenir las comunicaciones privadas necesarias.
A reserva de alguna modificación por parte de los legisladores, el responsable de la FGR podría designar “libremente a los titulares de las unidades administrativas que integran la Fiscalía General, así como determinar sus facultades”.
El programa de recompensas ciudadanas continuará en este nuevo organismo autónomo, de tal suerte que su responsable, Jesús Murillo Karam, podrá fijar los montos económicos y las características del programa de estímulos a ciudadanos que advierten a las autoridades sobre posibles hechos ilícitos.
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