Cinco operadores de franquicias de la cadena 7-Eleven en Estados Unidos se declararon culpables por presuntamente esclavizar a decenas de migrantes ilegales en 14 tiendas ubicadas en el estado de Nueva York y Virginia, por lo que podrían enfrentar una pena de entre 10 y 20 años en prisión.

 

“Por medio del uso de la marca 7-Eleven los acusados cometieron fraude electrónico y robo de identidad junto a la venta de productos. En nuestro propio jardín trasero, explotaron a migrantes ilegales, robando sus salarios y obligándolos a vivir en casas de seguridad”, dijo Loretta Lynch, fiscal del distrito al Este de Nueva York.

 

Por medio de este esquema las sucursales generaron ganancias por 182 millones de dólares.

 

El Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de ese país informó que los acusados robaron a sus trabajadores más de dos millones y medio de dólares por concepto de salarios, haciéndolos pasar como trabajadores legales por medio de documentos robados que incluía identificaciones de menores de edad, así como de personas fallecidas.

 

“De acuerdo con el expediente de la corte, los presuntos responsables quienes manejaban y controlaban las franquicias, contrataron decenas de trabajadores ilegales, con el uso de 20 identificaciones robadas a ciudadanos estadunidenses”, afirmó la dependencia en un comunicado.

 

De ser sentenciados, Farrukh Baig de 58 años y Malik Yousaf de 52, residentes de Nueva York serían condenados a 20 años de cárcel. Bushra Baig de 50 años también de Nueva York así como Shahnawaz Baig de 63 y Zahid Baig de 53, residentes de Virginia, podrían recibir un castigo de 10 años en prisión.

 

Los acusados también perdieron el derecho de franquicia de las 4 sucursales ubicadas en Virginia y 10 en Nueva York, así como cinco inmuebles ubicados en este último estado, con un valor de más de 1.3 millones de dólares. La agencia gubernamental estadunidense informó que este es el casos de explotación laboral más grande de la historia del ICE.

 

“Este caso da una señal que serán duramente castigados aquellos empleadores que busquen una ganancia a costa de una fuerza ilegal de trabajo” dijo James Hayes, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York.

 

Además, los presuntos responsables tendrán que pagar dos millones 621 mil dólares para pagar los salarios que robaron a sus ex empleados.

 

Esta investigación inició a partir de la creación de una fuerza especial para combatir el fraude financiero en 2009. La fiscal Loretta Lynch agregó que las autoridades de ese estado están comprometidas con la protección de sus comunidades de este tipo de empresarios corruptos cuyo único fin es el enriquecimiento ilícito.