Los analistas bisoños y los otros -los no bisoños- preguntan: ¿Y qué fue del “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”, firmado el 25 de marzo del 2011 por un grupo integrado por 715 medios de comunicación de todo el país?
Para quienes lo hayan olvidado, el propósito expreso de aquel Acuerdo fue proponer criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada no sirviera para propagar terror entre la población, y establecer mecanismos para la protección de los periodistas y de la identidad de las víctimas de esa violencia.
Hay que precisar que, en uso de su legítimo derecho a discrepar, no todos los medios ni todos los comunicadores avalaron ese documento, porque consideraron que su aplicación significaba un riesgo para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y del derecho a la información.
Propone el Acuerdo la necesidad de “establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado.” Asimismo, los firmantes acordaron cuatro principios rectores:
-El respeto a las libertades de expresión y de prensa.
-La independencia editorial de cada medio de comunicación.
-La obligación de los medios para informar con profesionalismo.
-La responsabilidad social de los medios sobre lo que informan.
Entre los criterios editoriales del Acuerdo están los siguientes, sobre los que conviene reflexionar “one more time:
-No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada.
-Evitar el lenguaje y la terminología empleada por los delincuentes.
-Impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos, pues esto les ayuda a construir una imagen favorable ante la población, a convertir en tolerables sus acciones e, incluso, a ser imitados.
-Omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos. No convertirse en instrumentos o en parte de los conflictos entre grupos de la delincuencia.
El punto de partida del Acuerdo de 2011 afirma algo que hoy, más de tres años después, sigue vigente: “México vive una situación sin precedentes por los niveles y las formas que ha adoptado la violencia que proviene de la delincuencia organizada. Esta situación ha puesto a prueba la capacidad del Estado para combatir a los grupos que han hecho del terror su modo de operar. El poder intimidatorio y corruptor criminal se ha convertido en una amenaza a las instituciones y prácticas que sustentan nuestra vida democrática”.
Por todo lo anterior se vale preguntar: ¿no sería conveniente que los comunicadores y los medios analizáramos, repensáramos y reflexionáramos la necesidad de desempolvar y revisar ese olvidado Acuerdo, y decidiéramos si en las circunstancias actuales sería de utilidad que lo pusiéramos en práctica, corregido y aumentado, para evitar que los periodistas sigamos siendo instrumento involuntario de criminales para la difusión de sus actividades?
AGENDA PREVIA
Los enterados de los entretelones del Poder Judicial Federal apuntan que ven normal que los ministros José Ramón Cosío, Arturo Saldívar y Margarita Luna Ramos anden desatados con sus cabildeos con algunos miembros del Ejecutivo para ocupar la Presidencia de la Suprema Corte, que dejará vacante el actual ministro presidente Juan Silva Meza en diciembre del año en curso. La elección del nuevo presidente será en el mes de enero, en la primera sesión del pleno.
Lo que no es normal, agregan aquéllos, es que la ministra Olga Sánchez Cordero se esté prestando al juego sucio para exhibir a dos de los ministros que tienen posibilidades reales de ser electos para presidir el Alto Tribunal del Poder Judicial Federal. A los ministros acelerados se les ha olvidado que la presidencia de la Corte se va a decidir entre sus pares y no por influencia de los miembros del gabinete porque ninguno de éstos vota para la elección de Presidente de la Corte, los únicos que sufragan son los 11 ministros que forman la Suprema.