Un grupo de ocho elementos del Ejército Mexicano, siete de tropa y un oficial, fueron detenidos ayer y trasladados al Campo Militar número 1 para que rindan declaración ante un juez en torno al supuesto enfrentamiento ocurrido el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, que dejó como saldo 22 personas muertes.

 

Autoridades federales consultadas por 24 HORAS adelantaron que el parte informativo que rindieron dichos elementos podría no haber sido preciso e incluso falseado, como lo demuestra nueva evidencia surgida del caso.

 

Es por ello que la Procuraduría de Justicia castrense ordenó la detención de los elementos, quienes quedaron a disposición del Juzgado 6/o. Militar, internos en la Prisión adscrita a la Primera Región, en el Campo Militar No. 1-A.

 

De momento, los elementos detenidos son probables responsables de violaciones al Código de Justicia Militar, sobre todo por la comisión de los delitos en contra de la disciplina, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.

 

La Secretaria de la Defensa Nacional subrayó que este procedimiento es independiente del que se lleva a cabo ante la Procuraduría General de la República (PGR) donde está abierta una averiguación previa.

 

De acuerdo con las fuentes consultadas los soldados detenidos adscritos a la 22 Zona Militar fueron los que participaron directamente en el despliegue realizado así como su personal al mando.

 

No se descarta además que otros elementos pudieran ser retenidos o detenidos a partir de los señalamientos que hagan los elementos castrenses que ya están en prisión preventiva.

 

¿Encubrimiento o engaño?

 

El parte oficial que rindieron los militares sobre los hechos ocurridos el 30 de junio, y que incluso fue difundido en un comunicado por la Sedena, es que al llegar a la bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, fueron recibidos a balazos por un grupo de personas que se encontraba en el sitio.

 

El resultado del enfrentamiento fue de 22 personas muertas, todas ellas supuestos delincuentes, así como un militar herido y el aseguramiento de más de 30 armas de fuego. También se indicó que tres mujeres secuestradas fueron rescatadas.

 

Pero versiones periodísticas surgidas en la última semana señalaron una realidad distinta a la de los militares, que apuntaba a que la mayoría de los civiles habría sido ejecutada extrajudicialmente por los soldados tras un breve intercambio de disparos.

 

Ayer, al clausurar un seminario el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos dijo que cualquier abuso o violación a los derechos humanos en que incurrieran las tropas sería castigado con severidad e incluso con prisión.

 

Cabe señalar que el Manual de Uso de la fuerzadel Ejercito Mexicano considera responsables de sanciones administrativas e incluso penales a todos aquellos que incurran directamente en hechos de abuso de autoridad, tanto si participaron directamente en el incidente así como si incurrieron los hechos o falsearon los datos.

 

PGR recabará declaraciones

 

Fuentes ministeriales indicaron a este diario que el Ministerio Público de la Federación recabará las declaraciones de los soldados detenidos para incluirlas en la averiguación previa abierta por el homicidio de 22 personas.

 

Hasta ahora la PGR no ha procedido penalmente en contra de nadie, pero a partir de la declaración que rindan estos elementos y de lo que arrojen nuevos peritajes practicados, se definirá su situación jurídica.

 

De haber pruebas suficientes, los militares podrían incluso ser consignados por el delito de homicidio agravado.

 

Las fuentes consultadas por este diario indicaron que los efectivos castrenses podrían ser trasladados posteriormente a una instalación de la PGR para que comparezcan por este caso.