La versión oficial sobre la muerte de 22 civiles en un choque armado con el Ejército mexicano empezó a desmontarse con la detención de ocho militares, las “declaraciones valientes” de una testigo sobreviviente y a los medios que divulgaron los hechos dijo hoy la organización Human Rights Watch (HRW), que calificó lo sucedido el 30 de junio pasado como la “peor masacre de los últimos años”.
“Poco a poco se está desmontando la versión oficial de estos hechos, que busca encubrir, proteger a los responsables (…) de los crímenes cometidos, una vez más, por parte de fuerzas militares”, dijo el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
Ocho militares que participaron en esos hechos fueron detenidos este jueves y puestos a disposición de un tribunal castrense por su presunta responsabilidad en “delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes”.
Gracias a las “declaraciones valientes” de una testigo sobreviviente y a los medios que divulgaron los hechos se ha logrado impedir que las autoridades encubran “un hecho tan salvaje, como una masacre de esta naturaleza, la más grave que ha sufrido México en los últimos años”, afirmó.
De acuerdo con la versión oficial difundida hasta ahora por la Secretaría de la Defensa, los 22 civiles perdieron la vida en un choque armado registrado cuando un grupo de militares que realizaban labores de vigilancia fueron agredidos por desconocidos.
Sin embargo, esa versión fue puesta en entredicho por una testigo que aseguró a la revista Esquire Latinoamérica que los soldados fueron los que dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron.
Dijo que en el enfrentamiento registrado el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México murió sólo uno de los civiles, los demás se rindieron y, tras ser interrogados, los soldados los mataron horas después.
Vivanco destacó que la presión internacional obligó al presidente, Enrique Peña Nieto, a pronunciarse esta semana sobre este caso en Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas, y ordenó una investigación a la fiscalía general.
Confió en que las autoridades civiles cumplan con el compromiso asumido por el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de realizar dicha investigación.
Las autoridades civiles, no las militares, son las que deben esclarecer los hechos, identificar a los responsables y a quienes han intentado encubrirlos, afirmó.
Asimismo, lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta ahora haya brillado “por su ausencia” en torno a este caso.
DE
Comments are closed.