EL CAIRO. Ahmed no necesita ligar por internet con otros homosexuales egipcios para sentirse controlado por las autoridades. “Ellos ya lo saben todo de mí”, asegura, inquieto ante los temores de una mayor vigilancia en las redes sociales.
Algunos de sus amigos, dice, han dejado de utilizar populares aplicaciones como Grindr, que permite contactar con otros gays que buscan pareja en ese instante en un radio de distancia relativamente corto. También hay quienes ya no suben sus fotos a la red para no ser reconocidos.
Admite que, en su caso, siempre ha preferido las relaciones en persona y que cada vez se expresa menos por Facebook o Twitter, no por miedo, sino por simple tedio.
Pero no deja de estar “enfadado” por los rumores que circulan sobre el uso de esas herramientas por parte de la policía para perseguir a los homosexuales conociendo su localización y por las últimas detenciones, como la de siete hombres que aparecieron en un vídeo celebrando en un barco la “primera boda gay en Egipto”.
“No entiendo por qué (las autoridades) están actuando así, si quisieran ya nos habrían arrestado a todos”, subraya Ahmed.
En ese país árabe, la homosexualidad está socialmente repudiada y los tribunales la castigan vinculándola a otros delitos existentes contra la moral o la religión.
Para curarse en salud, Grindr aconsejó a los usuarios egipcios que desactivasen la opción de mostrar su ubicación exacta y luego decidió ocultar ese dato por defecto en Egipto, Rusia, Arabia Saudí, Nigeria y otros países donde puede suponer un riesgo para la comunidad gay.
Por su parte, el Ministerio egipcio de Interior ha negado recientes informaciones sobre el supuesto contrato de los servicios de una empresa especializada en vigilar las comunicaciones en internet, penetrando en programas como WhatsApp, Viber o Skype.
Sin embargo, su negro pasado de espionaje a los ciudadanos durante el régimen de Hosni Mubarak (1981-2011) no es algo que puedan olvidar fácilmente activistas y grupos de derechos humanos, para quienes actualmente existe una fuerte campaña de represión.
El abogado Ali Atef, de la Red Árabe para la Información de los Derechos Humanos, recuerda que en los juicios se tienen en cuenta las pruebas tomadas en público y no las sacadas del ámbito privado.
Y, aun así, las autoridades usan estas últimas para seguir la pista, sobre todo, a islamistas y activistas, focos de oposición desde el derrocamiento de Mohamed Mursi el 3 de julio de 2013, según Atef, que agrega que las empresas de telefonía siguen “grabando las conversaciones sin restricciones”.
Ni siquiera los heterosexuales se han librado de recibir una llamada de atención.
La institución religiosa Dar al Iftá, protagonista reciente de una serie de polémicos edictos o fetuas, prohibió los chats entre hombres y mujeres que no se conozcan entre ellos por “ser frívolos y abrir la puerta al demonio”, salvo en casos “de necesidad”.
Aunque luego un representante matizó esa orden, diciendo que “no había que sacarla de contexto”, el asunto invadió las redes sociales con todo tipo de chistes y denuncias.