Las acusaciones contra los militares no son comunes. La mayoría corresponde a personal en servicio activo que son juzgados en tribunales penales militares, que dan poca o ninguna información sobre su resultado final.
Uno de los recientes casos es el de Tlatlaya, Estado de México, donde el pasado 30 de junio hubo un supuesto enfrentamiento entre militares y sicarios, el cual dejó como saldo 22 muertos.
El pasado 25 de septiembre un grupo de ocho elementos del Ejército Mexicano, siete de tropa y un oficial, fueron detenidos y trasladados al Campo Militar número 1 para que rindan declaración ante un juez en torno al supuesto enfrentamiento.
Éstos son algunos de los casos clave, a nivel federal o que tiene la justicia penal militar, que involucra acusaciones contra oficiales o tropas militares mexicanas:
General Jesús Gutiérrez Rebollo
Acusación: en febre
ro de 1997, dos meses después de ser nombrado jefe de la agencia anti drogas de México, Gutiérrez Rebollo fue detenido después de que se reveló que estaba viviendo en un apartamento de lujo de propiedad del capo de la coca Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Un tribunal federal condenó al general de tres estrellas de tráfico de drogas, crimen organizado y corrupción y lo condenó a 40 años de prisión.
Resultado: el general de 79 años de edad murió de cáncer en un hospital militar en 2013, poco después de que un tribunal dictaminara que podía cumplir el resto de su sentencia en casa debido a su delicado estado de salud y a su avanzada edad.
Brigadier general Mario Arturo Acosta
Acusación: Acosta Chaparro fue encarcelado en 2000 acusado de proteger al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, quien murió hace tres años después tras una cirugía plástica fallida. En 2002, el general retirado también fue acusado de asesinato y desaparición forzada de activistas de izquierda y revolucionarios durante la llamada “guerra sucia” de México en las décadas de 1970 y 1980.
Resultado: un tribunal federal lo exoneró de todos los cargos en 2007. En 2012 murió tras ser baleado por pistoleros en un taller mecánico en la Ciudad de México.
General Tomás Ángeles Dauahare
Acusación: el general retirado Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, fue arrestado en 2012 por supuestamente ayudar al cártel de los Beltrán Leyva.
Resultado: Ángeles Dauahare fue liberado en 2013 después de que fiscales federales retiraran las acusaciones tras cuestionamientos sobre los testimonios ofrecidos por testigos en su contra.
Cinco oficiales
Acusación: En 2012, fiscales federales acusaron a tres generales del ejército y a otros dos jefes militares por ayudar al cártel de los Beltrán Leyva.
Resultado: Los cinco fueron liberados en 2013 después que los fiscales decidieran que los testimonios de los testigos que los incriminaban eran insuficientes para probar su responsabilidad.
Muerte de Joseph Proctor
Acusación: En agosto de 2010, un grupo de soldados mexicanos mató a Joseph Proctor, de 32 años y oriundo de Nueva York, en un retén cerca de su casa ubicada en Acapulco. El ejército dijo que el trabajador de la construcción trató de atacar a los soldados con un rifle AR-15. Su familia luchó para que se hiciera una investigación. Semanas después, la Secretaría de Defensa Nacional de México dio a conocer un informe a su madre, Donna Proctor, diciendo que tres soldados habían sido acusados de la muerte de su hijo.
Resultado: No hay información actualizada sobre el caso. Donna Proctor dijo el pasado viernes a la AP que lo último que le informaron, en 2012, fue que los dos soldados fueron acusados de dispararle a su hijo permanecían encarcelados a la espera de un juicio militar y que las autoridades liberaron a otros dos soldados que supuestamente habían plantado el rifle en la escena del crimen.
Matanza de Vicente y Alejandro de León
Caso: En septiembre de 2010 Vicente De León y Alejandro, su hijo de 15 años, murieron cuando los soldados dispararon contra su automóvil en momentos en que el vehículo pasaba por un convoy militar en el estado de Nuevo León. Otros cinco pasajeros, incluyendo a niños de ocho y nueve años, resultaron heridos. Los fiscales militares acusaron a tres oficiales y a un capitán.
Resultado: No hay información actualizada sobre el caso. En un informe de 2011, la organización Human Rights Watch dijo que el ejército se negó a discutir los detalles del caso.