MADRID. El gobierno español impugnó hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) la consulta independentista de Cataluña, noreste del país, así como la Ley de consultas de esa comunidad autónoma sobre la que se basa el referéndum.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, informó de la medida aprobada por el Consejo de Ministros reunido de forma extraordinaria, después de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, firmara el pasado sábado la convocatoria de consulta.
La iniciativa del gobierno catalán es realizar la consulta el próximo 9 de noviembre, en la que estarían convocados unos 5.4 millones de ciudadanos para responder si quieren que Cataluña sea un Estado independiente de España.
Rajoy expuso que tras recibirse la víspera el visto bueno del Consejo de Estado (órgano consultivo) los recursos se han enviado al Tribunal Constitucional, por lo que en caso de ser aceptado a revisión queda suspendida temporalmente la consulta y la Ley.
Según fuentes oficiales, el TC convocó a una reunión extraordinaria de su pleno para este lunes, a fin de admitir a trámite los recursos del gobierno.
En una rueda de prensa, Rajoy expuso que la consulta “es abiertamente contraria a la Constitución, que en el primero de sus artículos consagra que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
“Lamento profundamente que el presidente de la Generalitat haya convocado esta consulta de autodeterminación. Lo lamento, porque va en contra de la Ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España”, manifestó.
Sostuvo que la consulta perjudica gravemente el bienestar de los catalanes, “por no hablar de la frustración a la que está condenando a una parte de los ciudadanos de Cataluña al animarles a participar en una iniciativa que no puede, por su ilegalidad, ver la luz. Lo peor es que lo sabía desde el principio”.
Sobre el derecho a decidir que argumenta el gobierno catalán para convocar a la consulta, Rajoy dijo que “es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una comunidad, negándoselo al resto de la nación”.
Enfatizó que ese derecho es del conjunto del pueblo español, y que por tanto, “la consulta es profundamente antidemocrática: el derecho que pretende dar a algunos se lo está sustrayendo a todos los demás”.
“El gobierno, por lo tanto, está obligado a recurrir en defensa de la Constitución, que es tanto como recurrir en defensa de las libertades y los derechos de todos y cada uno de los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña”, precisó.
Expresó su confianza en que aún haya tiempo “de enderezar el rumbo, superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero”.
Agregó que está abierto a dialogar con Artur Mas, principalmente sobre asuntos que corresponden a las responsabilidades de ambos.
“Pero de lo que no voy a hablar es de violentar la Ley, porque es lo último que se espera del presidente del gobierno de cualquier país serio”, apuntó. DM