La senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo, solicitó al Gobierno Federal que en conjunto con el gobierno del estado de Guerrero, realice una investigación pronta y eficaz que lleve a la localización de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que aún se encuentran desaparecidos. Además de pugnar por la identificación y enjuiciamiento de los responsables de estos hechos.

 

A través de un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de este jueves, se demandó también que en apego a la Ley General de Víctimas, se garanticen los derechos de los estudiantes que sufrieron violaciones a sus derechos humanos, en especial el derecho a la reparación integral del daño, asistencia, protección, atención, justicia, debida diligencia, entre otros.

 

La senadora Gordillo Arriola, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que se debe realizar una investigación exhaustiva en torno a este caso, pues no descartó que los elementos de la policía municipal de Iguala estén coludidos con miembros del crimen organizado.

 

“Nos encontramos ante un hecho indicativo de los posibles nexos que pudiera tener la policía municipal con el crimen organizado, debido a las condiciones y características de los hechos”, señaló.

 

“Desatinada” la recompensa ofrecida por Aguirre

 

Por otra parte, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, consideró que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero no debió haber ofrecido la recompensa de un millón de pesos a quien proporcione información sobre los normalistas desaparecidos.

 

Para el líder camaral esta decisión “no es atinada” cuando lo que se requiere es intensificar esfuerzos para encontrar a los estudiantes. “Eso no habla de tener  interés o desinterés, eso yo no lo comparto”, declaró.

 

Por su parte, el coordinador panista, Jorge Luis Preciado, afirmó que todo lo que se haga para encontrar a los 43 guerrerenses desaparecidos es loable, sin embargo consideró  que no se debe olvidar que el mandatario estatal espero un día para enviar fuerzas de seguridad luego de las agresiones contra los normalistas.  DM