El ex dictador haitiano Jean Claude Duvalier, quien heredó el cargo dejado por su padre, el también dictador François Duvalier, murió hoy de un ataque al corazón en Puerto Príncipe, donde nació hace 63 años.
Tras un exilio de 25 años en Francia, regresó voluntariamente en 2011 a su país, donde tuvo que afrontar cargos por crímenes de lesa humanidad y desvío de fondos durante su mandato (1971-1986), pero jamás penó por ellos.
Estaba casado en segundas nupcias con Verónica Roy, de nacionalidad francesa. Con anterioridad, entre 1980 y 1991 estuvo casado con Michelle Bennett, con la que tuvo dos hijos.
Jean Claude Duvalier nació el 3 de julio de 1951 y, tras sus primeros estudios, se doctoró en Derecho en la Universidad de Haití, en Puerto Príncipe.
Cuando tenía 19 años, en 1971, “Papa Doc” (su padre, François Duvalier) presentó una enmienda constitucional por la que “la nación optaba por la continuidad” y le nombró su sucesor. En abril de ese año, con la muerte de su padre, asumió la Presidencia.
Frente a la política intransigente de su padre, Jean Claude intentó cierta liberalización, más teórica que práctica, adoptó una nueva Constitución y convocó elecciones legislativas en 1984, pero sin oposición, ya que antes de los comicios mandó encarcelar al presidente de la Democracia Cristiana, Sylvio Claude, e impidió que ese partido concurriera a las urnas, con lo que el suyo, el CONAJEC (Comité de Acción Jeanclaudista), ganó.
Algunas de las acciones de su régimen fueron la introducción de una nueva ley de prensa que prohibió críticas al presidente, al Gobierno o a los oficiales de seguridad y que desembocó en la deportación de periodistas y opositores; y la formación de un cuerpo represivo, “Los leopardos” (siguiendo la estela de los “tonton macoutes” de su padre).
Salió vivo de varios atentados, aunque en 1981 resultó herido en uno de ellos.
En 1986, la situación conflictiva interna de Haití se agravó y el 7 de febrero abandonó el país en un avión militar estadounidense. Después de que varios países le negaran asilo político, Francia le aceptó de forma provisional.
El 7 de mayo de 1987 fue juzgado en Francia por la demanda civil presentada por el Gobierno de Puerto Príncipe, así como cuatro empresas nacionales haitianas, por la desviación en su provecho de 120 millones de dólares de los fondos públicos del Estado.
A comienzos de 1991, con Jean Bertrand Aristide como presidente haitiano, se estudió la solicitud de su extradición, a la vez que se confirmó la presentación de una demanda por el robo de 800 millones de dólares, que probablemente tenía en distintos bancos de Estados Unidos, Suiza y Francia.
Meses después, se produjo el derrocamiento por golpe de Estado de Aristide y a comienzos de octubre Duvalier hizo un llamamiento desde Francia por una verdadera unidad nacional para lograr la supervivencia del país.
En 1997, después de apelar otra vez a la unidad nacional, el presidente René Prevál anunció que le encarcelaría si regresaba al país.
Desde ese año, las autoridades francesas lo dieron por desaparecido e incluso durante 1999 no acudió a declarar en dos ocasiones por su entrada y estancia ilegal en el país.
En noviembre de ese año un tribunal parisino archivó las denuncias presentadas por opositores haitianos, ya que la legislación francesa no contemplaba la persecución de los “crímenes contra la humanidad” anteriores a 1994.
A comienzos de 2004 había pedido a Aristide un pasaporte diplomático para poder regresar, y hacia finales de septiembre de 2007, en una entrevista pidió perdón a sus compatriotas por las acciones de su régimen.
En Suiza se abrió un largo proceso en 1986, a instancias del Gobierno haitiano, por el que le fueron bloqueados 5,7 millones de dólares y en febrero de 2010, el Gobierno helvético aprobó una modificación legal que entró en vigor el 1 de febrero de 2011, por el que se facilitaba la devolución a los países afectados de los fondos procedentes de la corrupción bloqueados en bancos helvéticos.
El 16 de enero de 2011, por sorpresa y sin dinero, Duvalier regresó a Haití. El país vivía una situación crítica al no conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2010, en las que hubo denuncias de fraude.
Se le prohibió la salida del país y en marzo de ese año pasó a arresto domiciliario. El 30 de enero de 2012 un juez concluyó un informe que recomendaba su enjuiciamiento por desvío de fondos, pero no por crímenes contra la humanidad, pese a las críticas de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, en febrero de 2013 se inició una vista por la doble imputación y, tras varias ausencias, fue obligado a comparecer el 28 de ese mes. A su salida fue ingresado en un centro hospitalario.
La Corte de Apelaciones de Puerto Príncipe revirtió en febrero de 2014 la orden del juez Carvés Jean de desestimar los cargos de crímenes de lesa humanidad.
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