El gobierno de Guerrero ya se le salió de las manos a Ángel Aguirre Rivero. El país se le está saliendo de las manos del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y de garantías. Lo que está ocurriendo en México llega a extremos de violencia y crimen; de inseguridad y corrupción; de complicidades y ocultamientos…
Y si se cree que por medio de controles o maquillajes informativos las cosas van a cambiar, ya va quedando claro que no es así y que la verdad, por infausta que sea, es verdad y los mexicanos la conocemos aun a cuentagotas. Ya no valen cifras triunfalistas de éxitos en la captura de tal o cual integrante del crimen organizado y en las que tiene que ver la mano de la DEA en México; ya no es tiempo de medias verdades que son mentiras.
Todo está a la vista. Y hay un empeño fracasado por parte de los gobiernos de la República en los que se nos quiere hacer creer que aquí las cosas están bien; que no pasa nada; que se exageran hechos y cifras porque ‘tontos que somos’, no nos damos cuenta de que todo camina sobre rieles, según las interminables versiones oficiales de spots o discursos en los que “ya se giraron instrucciones”.
Tenemos un gobierno mediático de imagen irreprochable. Y esto, sin duda, le está haciendo más daño que bien al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La estrategia de seguridad pública en México está dando muestras de ser un fracaso, que 30 o 40 mil militares en todo el país no han podido solucionar el problema del crimen organizado; no la policía de seguridad federal; no las policías estatales o municipales: no sólo por falta de estrategias apropiadas o protocolos o por el uso de la ley y los derechos humanos. Es un fracaso que tienen que ver también en muchos casos con complicidades y corrupción de gobierno.
El descubrimiento el sábado pasado de seis fosas clandestinas en una colonia irregular, Pueblo Viejo, en Iguala, ha sacudido la conciencia de todos en México y el estruendo internacional contrasta con los famosos premios de revistas especializadas u organizaciones internacionales al gobierno mexicano, que aplauden lo que no conocen, o si conocen lo que ocurre aquí no les importa.
Luego de la balacera y muerte de seis personas y más de 20 heridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasado, el gobierno local nos informó que habían intervenido policías locales en los hechos sangrientos en contra de estudiantes normalistas de la entidad.
Al mismo tiempo se supo que otros, más de cuarenta habían desaparecido. Sus familiares dicen que se los llevó la policía local. Un proceso de investigación tendría que demostrar que así fue, o no. Lo cierto es que no aparecen los muchachos. En su desesperación, el gobernador Aguirre Rivero ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien diera datos para encontrarlos: niega así la posibilidad de las autoridades locales, estatales y federales para hacerlo.
Todos en México queremos que no sean los muchachos desaparecidos. El colmo de lo sanguinario, de la crueldad y de la impunidad podría estar a la vista. Al momento se dice que las autoridades habrán de hacer los exámenes de ADN para identificar a los muertos…
Aun así. Son muertos. Y no puede ser que aquí, o allá, o más allá, aparezcan fosas clandestinas con cadáveres, regados por todo el territorio nacional. No puede ser que allá, mismo, en Guerrero, asesinen a un dirigente panista a plena luz del día en un restaurante de Acapulco… No es posible que se balee a un camión con niños jugadores de fut bol. No es posible que la violencia impere ahí en perjuicio de todos que ven menguada su calidad de vida, su trabajo, su desarrollo económico y social…
Y no es posible que hechos como éste ocurran asimismo en todo el país como focos de luz roja incandescente. Un día en Chihuahua, otro en Tamaulipas, en Michoacán, en Coahuila…
El gobierno del país está en crisis. Los gobernadores estatales –de grado o por fuerza- no encuentran solución a la violencia criminal y el daño público.
El incremento en las cifras de victimización que dio a conocer el INEGI apenas hace unos días indica que delitos y daños físicos y patrimoniales se incrementaron en 2013…
A eso habría que agregarle que hay gobernadores en rebeldía respecto del pacto federal, como es el caso de Oaxaca, cuyo gobernador insiste en defender a una Sección 22 de la CNTE, de la que ha decidido ser rehén y ha puesto en manos ajenas lo que queda del gobierno estatal. “Asfixia a Oaxaca ingobernabilidad” dice Reforma en su primera plana dominical.
Aun es tiempo de que el presidente de la República recapitule, haga un balance cierto-puntual-exacto de la situación del país en tanto seguridad, empleo, productividad y garantías individuales, replantee si su gobierno habrá de seguir por el camino del autoelogio o si decidirá ser un gobierno encabezado por un hombre de Estado.
Los gobernadores estatales tienen que hacer un frente único con el gobierno federal para concluir, ya, corruptelas y complicidades.
Guerrero está fuera de control. El país está fuera de control en materia de seguridad. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos muertos faltan aún? ¿Cuántas tragedias y dolores humanos habrá que esperar antes de que el gobierno sea gobierno de Estado?