La reunión-mitin del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, con los estudiantes organizados del Instituto Politécnico Nacional, dejó tres temas de debate:

 

1.- Con el al pliego petitorio, la reforma educativa del 2013 quedó prácticamente anulada, a menos que se vaya a imponer por la puerta trasera aunque con efectos muy menores. El Estado mostró su debilidad institucional ante las masas en las calles.

 

JESUS-VILLASECA-P_MARCHA_POLI_1

 

2.- Sin reforma educativa en el IPN, ahora la UNAM y las universidades públicas y las fracciones disidentes del SNTE lideradas por la Sección 22 salieron fortalecidas porque ya saben que en la calle frenan cualquier reforma.

 

3.- Por tanto, las reformas estructurales modernizadoras que costaron tanta energía nacional quedarán sin la parte de recursos humanos preparados para el nuevo desafío productivo.

 

El gran debate reformador con el IPN estaba en el punto 9 del pliego petitorio: la injerencia del sector privado en planes de estudio, programas de investigación y proyectos de colaboración con el sector privado porque implicaría “la subordinación técnica al servicio de la patria y no la técnica al servicio de los intereses privados y trasnacionales”, justamente la argumentación central de los discursos de Cárdenas y López Obrador para oponerse a las reformas. Osorio dijo que el gobierno no permitirá injerencia empresarial. Así, el IPN seguirá siendo social pero ante un modelo de desarrollo productivo empresarial.

 

El IPN cardenista, la UNAM sesentayochera y la gran coalición centro-progresismo-neocardenismo-neopopulismo-izquierda priista-izquierda socialista-anarquismo salieron también solidificadas por la decisión de echar atrás la reforma al Politécnico.

 

Al IPN le ocurrió lo que a la UNAM en dos ocasiones en que el gobierno quiso aumentar las cuotas de colegiatura, enfrentó paros universitarios, unificó a los universitarios y bloqueó cualquier intento de reforma educativa para la Universidad. Hoy la UNAM produce recursos humanos para un Estado que no existe, por lo que la plantilla importante de funcionarios públicos -la que toma decisiones estratégicas– tiene formación en centros de educación privados con planes de estudio para la producción y no para la lucha.

 

El escenario mayor de la crisis en el IPN tiene en contrapunto un escenario menor -aunque con importancia que crecerá en el corto plazo- en la crisis magisterial en Oaxaca: la Sección 22 ha defendido exactamente lo mismo que los estudiantes del IPN; al aceptar Gobernación la anulación de la reforma al reglamento interno, ya no existe fundamento político para que en Oaxaca y en todo el país la reforma educativa se posponga y se acepten los términos de los disidentes para una educación social y para la lucha contra el neoliberalismo, que por cierto anima las reformas estructurales.

 

El gran reto para las reformas estructurales en segunda generación -como lo fue para las reformas salinistas 1991-1993- se localizaba en la necesidad de reestructurar la educación pública para orientarla hacia la formación de recursos humanos para la producción en sus ramas técnicas y tecnológicas. Salinas limitó sus reformas con su reforma educativa endosada al SNTE de la maestra Gordillo. Ahora la victoria mediática de una negociación a plena lluvia tendrá efectos directos en las reformas estructurales.

 

Y la cesión de la renuncia de la directora Yoloxóchitl Bustamante también cedió el precedente de ceses fulminantes ante protestas masivas, justo cuando con la mayor facilidad los movimientos sociales salen a las calles con la bandera de ceses de funcionarios.

 

Lo que falta por saber es si los estudiantes se conformarán con la victoria o escalarán la lucha social que ya pasó al escenario partidista.