Legisladores federales del PAN, PRD, MC y PT lamentaron que en Guerrero exista un clima de inseguridad y colusión con las autoridades de la entidad, situación que responsabilizaron de forma directa al gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En el caso de los normalistas desaparecidos manifestaron una enérgica condena e hicieron un llamado a los gobiernos federal y estatal a emprender una acción coordinada para dar con el paradero de las personas y castigar a los responsables con todo el rigor de la Ley.
Fernando Rodríguez Doval (PAN), integrante de la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, acusó que el gobernador de extracción perredista solapó la intervención de crimen organizado, ya que, dijo “todo indica que al saber de policías infiltrados por grupos delincuenciales nada hizo para garantizar el servicio a los guerrerenses”.
“Exigimos al gobierno federal y al encabezado por Ángel Aguirre cumplir con su obligación de garantizar la seguridad. En el caso del secretario Osorio Chong, no queremos verlo únicamente en actos que le resultan mediáticamente redituables o solicitando de forma despreocupada a las autoridades de Guerrero asumir su responsabilidad para encontrar a los normalistas”, enfatizó.
Miguel Alonso Raya, coordinador de la fracción del PRD, demandó a la Procuraduría de Justicia de la entidad y a la Procuraduría General de la República (PGR), a que investiguen no sólo a integrantes de la delincuencia organizada sino también a los políticos y autoridades locales, que se presume, podrían ser cómplices o parte de grupos como Los Rojos o Guerreros Unidos.
Ante la posibilidad de que los cuerpos hallados en fosas clandestinas pertenezcan a los estudiantes guerrerenses, Alonso Raya exigió que “estos crímenes no se dejen impunes y que no queden sin castigo a los responsables intelectuales y materiales, así como políticos del pasado y del presente y autoridades que resulten involucradas”.
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC) calificó como “lamentable y sumamente preocupante la serie de hechos que hemos presenciado en semanas recientes en nuestro país, lo ocurrido en Tlatlaya, estado de México y Ayotzinapa, Guerrero, evidencian de nueva cuenta la ineficiencia en materia de seguridad y, sobre todo, la constante violación a los derechos humanos de los mexicanos”.