El pleno del Senado de la República debatirá la situación de inseguridad en Guerrero y, en especial, el caso Ayotzinapa, donde todas las bancadas presentarán posturas y puntos de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal y estatal a una investigación profunda, expedita y con certeza.
La Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentará en la sesión de este martes un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, en el que destaca que “no es permisible un solo acto de impunidad en este proceso.
“Los deplorables hechos en contra de los normalistas de Ayotzinapa requieren ser esclarecidos con prontitud y quienes resulten implicados deben ser castigados”.
El gobierno federal ha demostrado su voluntad al diálogo, su tolerancia y el respeto pleno a los derechos humanos durante el tiempo de su administración.
Dicha visión y el compromiso por hacer valer la ley ha llevado a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atraer el caso, sin interferir con las obligaciones del gobierno del estado. “Hoy se requiere coordinación, colaboración, transparencia y claridad en un tema tan delicado”, dijo.
Además, “compartimos la indignación y la pena de las familias afectadas, por tal motivo nos sumamos a la solicitud de respuestas que se sustenten en una investigación profunda y pedimos que se cumplan la ley y la justicia para quienes resulten responsables”.
Ante ello, los senadores del PRI encabezados por Emilio Gamboa, proponen exhortar a las autoridades que participan en la investigación en torno a los acontecimientos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Lo anterior, para que las investigaciones que llevan a cabo se realicen en un marco de eficiencia, celeridad, expeditez, objetividad y transparencia, a fin de identificar y sancionar, conforme a derecho procedan, a quienes resulten responsables.
La senadora Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, presentará un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, para que en conjunto con su homólogo de Guerrero, garantice los derechos de las víctimas directas e indirectas del delito y de violaciones a derechos humanos, de acuerdo con la Ley General de Víctimas.
Se debe realizar una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y a la inmediata localización de los 43 estudiantes normalistas de Guerrero.
Asimismo a ambos gobiernos se les solicita garantizar la reparación integral del daño por parte del Estado, de forma adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el perjuicio o menoscabo que han sufrido como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos y por los deterioros que esas violaciones les causaron.
“Que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal; a solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido”.
La bancada del PAN, en voz de su coordinador, Jorge Luis Preciado, también repudió los hechos y anunció que este martes promoverán un acuerdo donde solicitarán la renuncia del gobernador, Ángel Aguirre Rivero y en su caso promoverán la desaparición de poderes en la entidad ante el clima de violencia e impunidad que se vive ahí.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), en un escueto punto de acuerdo publicado también en la Gaceta Parlamentaria y que no es firmado por ningún senador en específico “exige una investigación exhaustiva que permita el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa.
“La ubicación física de los jóvenes levantados, y la sanción a los responsables directos, autores intelectuales y autoridades que por acción o por omisión son partícipes de los mismos”, concluye.
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