A partir de que entró en vigor la reforma en telecomunicaciones, que obliga a los concesionarios de telefonía móvil a colaborar con las autoridades para la geologalización en tiempo de real de personas, la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado ubicar a mil 233 ciudadanos, sin mandato judicial.
De acuerdo con la respuesta de la PGR a la solicitud de información 0001700173014, “se hace de su conocimiento que se han realizado 1,233 geolocalizaciones en tiempo real” por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
Para transparentar esas estadísticas, la PGR tomó en cuenta desde el 18 de abril de 2013, un año después de la entrada en vigor del decreto que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En dicho decreto, explican, se “concedió a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, en su artículo cuarto, un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de dicho decreto de fecha 17 de abril de 2012, para realizar las actualizaciones tecnológicas que garanticen una mayor precisión en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea”.
Sin embargo, los artículos que avalan la geolocalización, contenidos en la reglamentación secundaria de la reforma están vigentes apenas desde el 13 de agosto, a través de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en sus artículos 189 y 190 ordenan la entrega, sin orden judicial, de datos personales, intervención de comunicaciones privadas y geolocalización en tiempo real de ciudadanos a cualquier autoridad que lo solicite.
Artículos
Las Cámaras de Diputados y senadores aprobaron la Ley Federal de Telecomunicaciones, que en sus artículos 189 y 190 obliga a las empresas concesionarias a contar con un departamento especial, disponible las 24 horas, para entregar de forma inmediata los datos requeridos.
El artículo 190, en su apartado IV, señala que las empresas deberán contar “con una área responsable, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender los requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas”.
La ley ordena que las empresas deberán poner a disposición de las autoridades datos personales, como el nombre, domicilio, razón social y posición geográfica del suscriptor y, además, resguardarán por un año las comunicaciones de llamadas, buzón de voz y mensajería multimedia, para su entrega en tiempo real y sin mandato judicial.
Y por otro año, los datos personales de los usuarios serán conservados en los archivos de las empresas para su entrega en un plazo de 48 horas a las autoridades que lo soliciten.
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