PARÍS. La justicia francesa investiga otro posible caso de corrupción y comisiones en la venta en 2011 de helicópteros militares de Airbus a Kazajistán en el que están imputadas desde septiembre dos personas del círculo del expresidente francés Nicolas Sarkozy, y que podría salpicarlo directamente.
El diario “Le Monde” reveló este jueves la existencia de esta investigación judicial que se abrió el 4 de abril de 2012, unas semanas antes de que Sarkozyperdiera las elecciones presidenciales frente al socialista François Hollande, cuando el organismo francés contra el blanqueo de capitales, Tracfin, detectó movimientos sospechosos en las cuentas de un antiguo miembro de su gabinete.
Los policías del cuerpo de delincuencia financiera comprobaron que Jean-François Etienne de Rosaies había recibido sin razón justificada varios pagos importantes de su abogada Catherine Degoul, aparentemente procedentes del empresario belga de origen kazajo Pathok Chodiev, quien había enviado varios millones de euros a esa misma letrada, que también trabajaba para él.
Según el periódico, Degoul era la representante de varias sociedades domiciliadas en la Isla de Man, conocido paraíso fiscal, y en particular de una de Chodiev, conocido por su proximidad con el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbaiev.
Un elemento importante porque los investigadores establecieron un vínculo entre los movimientos de fondos sospechosos descubiertos por Tracfin y unos contratos firmados durante la presidencia de Sarkozy entre Francia y Kazajistán, en concreto los anunciados el 27 de octubre de 2010 por el Elíseo para la venta de 295 locomotoras y, sobre todo, 45 helicópteros militares EC145 por “más de 2.000 millones de euros”.
El acuerdo por los helicópteros lo firmó el primer ministro de Sarkozy, François Fillon, el 27 de junio de 2011, pocos días después de que Chodiev y otros dos hombres de negocios de origen kazajo también con estrecha relación con Nazarbaiev, Alexander Machkevitch y Alijan Ibragimov, hubieran conseguido que la justicia belga archivara las acusaciones de corrupción contra ellos.
Ese archivo resultó del pago por estos empresarios, conocidos como el “trío”, de 23 millones de euros en concepto de reconocimiento de culpa y acuerdo amistoso que les evitaba la cárcel que fue posible por la adopción por el Senado belga por el procedimiento de urgencia en marzo de 2011 de una disposición que abría esa posibilidad.
Los policías franceses -siempre según “Le Monde”- constataron que tras esa disposición estuvo el entonces vicepresidente del Senado belga, Armand De Decker, un abogado con el que el Elíseo contó para presionar y obtener el voto de una normativa favorable para los magnates kazajos.
Tras inculpar a Etienne de Rosaies, González Prado y Degoul por corrupción de funcionarios extranjeros y blanqueo, los instructores pretenden ahora verificar los detalles de la visita de Sarkozy a Kazajistán el 6 de octubre de 2009, durante la que se prepararon los contratos investigados.
MG