NOGALES. Ya han pasado dos años de la muerte de su hijo José Antonio Elena Rodríguez, y Araceli Rodríguez aún no conoce la identidad de los responsables.
“Me arrebataron un pedazo de mi vida”, dijo Rodríguez a escasos metros del muro fronterizo con Estados Unidos donde su hijo, de 16 años, fue fatalmente baleado.
El 10 de octubre se cumplieron dos años de la balacera en la que el adolescente perdió la vida a manos de un agente de la Policía de Inmigración y Aduanas estadunidense.
“El dolor de esta pérdida siempre va a estar toda la vida, porque mi vida se quedó en sus 16 años”, dijo Rodríguez, de 41 años. “Cierro los ojos y pienso en qué estaría haciendo ahora”.
El aniversario de la tragedia que marcó a esta familia fronteriza fue motivo de una misa y una marcha a lo largo del muro que separa a las ciudades de ambos lados de la frontera entre Arizona y Sonora, conocidas como las dos Nogales.
Cientos de manifestantes cargaron ataúdes de color negro con los nombres de otras personas que murieron durante los últimos años en balaceras en las que estuvo involucrada la Policía de Inmigración y Aduanas.
Esa agencia no quiso comentar sobre el caso, pero hace dos años declaró que el adolescente arrojaba piedras hacia Estados Unidos cuando le dispararon. Su cuerpo recibió ocho disparos en la espalda y fue encontrado a 12 metros de la frontera, según la autopsia.
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos y el FBI llevan a cabo una investigación del caso en cooperación con autoridades mexicanas.
“Este trágico incidente sigue en investigación. Nosotros sabemos de lo doloroso que es la pérdida de un hijo en estas circunstancias y del deseo de la familia, el agente involucrado y el público de que esta investigación concluya lo antes posible”, dijo la Oficina del Fiscal en una declaración que fue proporcionada por el vocero Cosme López a The Associated Press. “Sin embargo hay muchas razones por las que una investigación criminal debe conducirse de forma confidencial para que sea justa a todas las partes involucradas”.
En julio de este año, la madre del joven baleado presentó una demanda civil en una corte federal de Estados Unidos en Tucson, Arizona, solicitando una compensación monetaria por el incidente.
Pero uno de los motivos principales para la demanda es que se dé a conocer la identidad del responsable o responsables de la muerte del adolescente y el gobierno comparta un video que capturó el incidente, explicó Luis Parra, abogado que representa a la familia.
Si bien el nombre de un agente se dio a conocer a los abogados, el gobierno estadounidense solicitó que no fuera revelado públicamente pendiente de la decisión de un juez federal sobre su confidencialidad, dijo Le Gelernt, abogado demandante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“Es extraordinario que se haya pedido proteger el nombre de un oficial de la policía”, dijo Gelernt. “Un departamento de policía debe operar con transparencia”.
La madre de José Antonio prefirió que no le dieran esa información.
“Yo no podría mantenerme callada”, dijo Rodríguez. “¿Por qué todo el mundo sabe el nombre de mi hijo y no se puede saber el de sus asesinos?”.
El aniversario de su muerte convocó a personas de ambos lados de la valla fronteriza que lanzaron consignas de “Justicia” y “No nos moverán”. Una misa bilingüe convocó a unas 100 personas.
“Esto es una injusticia que no sólo le pasó a José Antonio sino a toda nuestra comunidad”, dijo Sean Carroll, sacerdote y director ejecutivo de la Iniciativa Kino para la Frontera. “Esto ha levantado a nuestra comunidad”.
Durante el último año, la Policía de Inmigración y Aduanas ha enfrentado críticas por el uso de fuerza letal en relación a incidentes en los que sus oficiales fueron supuestamente agredidos por personas tirando piedras.
Desde 2010, 28 personas han perdido la vida a manos de agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas, según datos de esa agencia. “Vamos a pelear hasta lo último”, dijo Taide Elena, la abuela del adolescente.
“Queremos que él supiera que estamos aquí luchando por hacer justicia a su muerte, porque su sangre derramada pide justicia, porque es un crimen sin explicación. Es lo que pedimos a las autoridades: una explicación”. DE