CHULA VISTA, California. La comercializadora estadunidense Baja Distributors Inc. estaba registrada como una importadora de bocados mexicanos, como papas fritas con chile y limón. Sin embargo, para ser una empresa que registró 12 millones de dólares en ventas anuales, sus oficinas eran extrañamente tranquilas. No había letreros en el exterior. Su pequeño almacén estaba casi vacío. Nadie respondía los teléfonos.
Los investigadores dicen que había una razón: el negocio estaba lavando dinero de los narcotraficantes mexicanos. Baja Distributors — cuyos ejecutivos niegan haber lavado dinero— registraron ventas de más de 17 millones de dólares de mercancía mexicana en 18 meses.
No es nueva la existencia de empresas de fachada para los cárteles, pero los funcionarios estadunidenses dicen que tomaron un papel más relevante después que las autoridades financieras de México impusieron en 2010 a las empresas un límite a los depósitos en efectivo de siete mil dólares mensuales, antes de aumentarlo posteriormente a 14 mil dólares.
Como resultado, dicen, los cárteles buscaron empresas a través de las cuales depositar el dinero en bancos estadunidenses y luego transferirlo a pesos en México, con el pretexto del comercio bilateral.
San Diego, la ciudad más grande de Estados Unidos en la zona fronteriza con México, se convirtió en un imán para el dinero que entra al país desde México, según un análisis de The Associated Press de las declaraciones aduaneras desde 2009.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, retiró las restricciones financieras el mes pasado, alegando que la medida para prevenir el lavado de dinero perjudicaba a las empresas honestas. Para los funcionarios estadunidenses, la decisión podría hacer que los cárteles vuelvan a depositar en los bancos mexicanos sus sacos de dólares contaminados con la droga.
“Si un día tienes una restricción y al día siguiente ya no existe, se podría pensar lógicamente que ahora se les hará más fácil”, dijo Joseph Burke, jefe del Centro Nacional contra el Contrabando de Dinero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
La decisión de Peña Nieto se produjo dos días después de que agentes federales de Estados Unidos lanzaron una redada contra varios comercios del barrio de la moda en el centro de Los Ángeles, sospechosos de canalizar el dinero de la droga a México, y se incautaron de 70 millones de dólares en efectivo.
Es tradicional que los narcotraficantes llenen vehículos con dólares de la venta de drogas en Estados unidos y los lleven a México sin ser detectados. Eso no ha cambiado, pero con los bancos mexicanos fuera del escenario en 2010, los cárteles buscaron otras formas de convertir sus ganancias a pesos para financiar sus operaciones y lujos.
Servicios de mensajería llevaban dólares a Estados Unidos y a menudo los declaraban a los agentes de aduana, como lo requiere cualquier suma de 10 mil dólares o más, dicen funcionarios estadounidenses. El Departamento del Tesoro impuso requerimientos adicionales a los servicios de transportes blindados de dinero en los cruces fronterizos en San Diego en agosto, diciendo que era una respuesta a regulaciones mexicanas.
Los inspectores aduaneros estadunidenses no tienen mucha autoridad para frenar el flujo de dinero, y los cargos de lavado de dinero son difíciles de probar, lo que lleva a muchos a pensar que el esquema proseguirá incluso sin las restricciones mexicanas. Investigadores dicen que mover dinero de un lado al otro de la frontera dificulta su rastreo en los dos países.
Hubo tres mil 730 millones de dólares declarados en puertos de entrada desde México el año pasado, comparado con tres mil 150 en el 2009, el año antes de que entraran en vigor las regulaciones mexicanas, de acuerdo con un análisis de la AP de declaraciones de aduana. El dinero declarado procedente de México totalizó tres mil 960 millones en los primeros ocho meses de este año.
En el cruce de Otay Mesa, en San Diego, el efectivo declarado subió de 10.6 millones en el 2009 a mil 170 millones en el 2011 y mil 780 millones el año pasado.
No se sabe cuánto de eso fue comercio legítimo, pero un grupo en el Senado estadunidense sobre Control Internacional de Narcóticos reportó el año pasado que estaba llegando una cantidad “significativa” de dólares del narcotráfico a Estados Unidos a través de los cruces fronterizos con México.
Baja Distributors atrajo la atención del agente de aduanas Nick Jones en noviembre pasado cuando examinaba declaraciones aduanales. Numerosas transacciones resaltaron, de acuerdo con la orden de allanamiento que vinculó la actividad con las restricciones bancarias en México.
La compañía declaró 17.2 millones de dólares en 274 viajes a través del puerto de entrada de San Ysidro, en San Diego, desde abril del 2012 a septiembre del 2013. Se envió dinero a México desde cuentas bancarias en Estados Unidos.
Jones pensó que el almacén suburbano de la compañía era demasiado pequeño y tranquilo para los ingresos que reportaba. Entrevistas con competidores le hicieron concluir no había razón para traer tantos dólares desde México.
El fundador de Baja Distributors y dos empleados recibieron sentencias suspendidas de un año en prisión, que no cumplirán si completan tres años de libertad condicional. Se declararon culpables en un tribunal estatal de tener un negocio no autorizado luego que la fiscalía aceptase retirar los cargos de lavado de dinero y otros.
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