La Organización de la Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno mexicano, en marzo pasado, devolver a sus cuarteles a los soldados del Ejército mexicano que hacen funciones de policía en el país, debido a que consideró que su presencia en las calles podría generar que “la población civil se vea expuesta a toda clase de atropellos”.
“El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza (y) los soldados que realizan labores policiales (en el territorio mexicano) les cuesta mucho renunciar al paradigma militar”, explicó Christof Heyns, relator sobre los derechos humanos de la ONU en un informe del que 24 HORAS tiene copia.
El documento cobra relevancia luego de que tres integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron arrestados al evidenciarse que atacaron a un grupo de ciudadanos en Tlatlaya, estado de México, donde perdieron la vida 23 personas.
El documento, fechado en enero de 2014, fue entregado al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una copia fue dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y otra al Poder Legislativo.
El relator de la ONU emitió 122 recomendaciones y conclusiones que observó durante su visita a México entre el 22 de abril y el 2 de mayo de 2013; Christof Heyns explicó que observó casos en la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero y Nuevo León; así como personas afectadas en la violación en sus derechos humanos de Tamaulipas y Coahuila.
El documento titulado “Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, expone que el criterio para juzgar cualquier acción policial “se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento, y sólo contempla en uso de la fuerza en última instancia”.
“Permitiendo el uso de la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de la vidas humanas”, sostuvo Christof Heyns en el informe referido.
Sobre este tema, José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRH), confió a 24 HORAS que por años le han manifestado al gobierno federal del PAN, hoy del PRI, su preocupación por que fuerzas militares realicen labores de policía.
“Insistimos ahora, como lo hicimos hace años: el Ejército mexicano tiene que regresar a sus cuarteles, no es sano la para sociedad en su conjunto que sigan en las calles, atropellando, incluso, a representantes de los poderes de la Unión”, sostuvo vía telefónica desde los Estados Unidos.
Por separado, consultado también por este diario, José Antonio Lara Duque, presidente del Centro de los Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, argumentó que los soldados mexicanos comenten abusos de manera sistemática en el estado de México porque las autoridades locales se los permiten “cuentan con el encubrimiento de la policía estatal y municipal”.
“Lo que debieron hacer los soldados fue arrestar a posibles delincuentes y presentarlos ante un agente del ministerio público, pero eso no pasó, sucedió lo contrario, no sabemos hasta ahora los motivos, pero cual fuera el motivo, los militares abusaron de su fuerza y simplemente los ejecutaron. Esa es su esencia, y todos los ciudadanos estamos expuestos a una situación como esta”, advirtió el abogado.
Representante del único centro de los derechos humanos en aquella entidad mexiquense, Lara Duque recordó que durante la administración de Felipe Calderón se registraron 52 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el derecho a la vida, “39 fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la de Marina-Armada de México”.
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