Por lo menos seis órdenes de localización y presentación han emitido los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR en el marco de las investigaciones por la desaparición y homicidio de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero.
Autoridades federales indicaron que tres de las órdenes ya se conocen y corresponden al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y al director de Seguridad Pública del mismo municipio, Felipe Flores Velázquez.
Las otras tres órdenes ministeriales son para presuntos miembros regionales del grupo delictivo Guerreros Unidos. Los objetivos se encuentran identificados, pero sus identidades no se han hecho públicas para no entorpecer las indagatorias.
En el caso del alcalde las autoridades sospechan que pudo haber salido de Guerrero por lo que ya se emitieron alertas a las fuerzas federales destacadas en varios estados para que apoyen en la localización.
En la PGR indicaron que la suspensión provisional que otorgó el juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal en favor del alcalde de Iguala no tiene efecto sobre su localización y detención pues se le busca por posible complicidad con la delincuencia organizada, ilícito considerado grave.
Para facilitar el seguimiento de los sospechosos las dependencias del gabinete de seguridad instalaron mesas de trabajo específicas con la participación de la PGR, la Comisión nacional de Seguridad y las fuerzas armadas.
De acuerdo con fuentes ministeriales, se tienen “datos sólidos” respecto a los sospechosos, por lo que se prevé que haya más detenciones en breve.
Con las personas que continúan prófugas y las que ya se encuentran detenidas, suman 40 los involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas, operación delictiva que por su número se equipara a casos de gran impacto como el del incendio del Casino Royale, aunque con la diferencia que en este hay numerosos policías involucrados.