Si estuviéramos en el México del viejo PRI del siglo XX, el supremo gobierno ya habría encontrado una pseudoexplicación a la grave situación de inseguridad, violencia criminal y protestas sociales, y trataría de apaciguar a la opinión pública nacional e internacional al calificar los hechos como “intentos fallidos de desestabilización” y atribuirlos a “intereses oscuros”, “conjuras extranacionales” y “emisarios del pasado”, apuntan los observadores.
Pero como no estamos en aquel México ya desaparecido, sino en el de los neopriistas del siglo XXI, el supremo gobierno no puede recurrir al viejo discurso de sus antecesores para contener el tsunami de críticas que se le ha venido encima a causa de los eslabonados conflictos sociales y políticos de Tlatlaya, Ayotzinapa-Iguala, IPN y los que se acumulen.
Por lo tanto, la única posición aceptable por parte del gobierno federal será volver transparente lo que ahora es turbio, llegar al fondo de cada uno de los conflictos que enfrenta -“tope donde tope”- y decir a la sociedad la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad.
Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto dijo la semana pasada a todos los gobernadores del país, algunas “verdades de a kilo” como las siguientes:
“Debemos acelerar y profundizar las medidas estructurales necesarias para que la ley y la justicia imperen en toda la geografía nacional. Lo primero, lo elemental, es contar con corporaciones de seguridad profesionales y, ante todo, confiables. Desde el inicio de esta Administración hemos trabajado con todas las entidades federativas para impulsar la profesionalización y el fortalecimiento de sus cuerpos de policía. Sin embargo, ante la necesidad de lograr mayores resultados en el corto plazo, es indispensable que cada orden de gobierno y cada autoridad asuman, también, mayor responsabilidad…”
Rápidamente, un grupito de gobernadores se puso a trabajar sobre este asunto y anunció, en el mismo evento, la instalación de la Comisión Especial para el Desarrollo Policial que tendrá como objetivo encontrar el modelo policial más eficaz para los nuevos tiempos del país y homologar las corporaciones en todos los estados de la República. Según el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien encabezará la comisión, el Cisen elaborará un diagnóstico de las policías en las 32 entidades del país; después, en diciembre, presentará el modelo a seguir para aplicar el mando único.
AGENDA PREVIA
Dice la senadora Cristina Díaz que el año electoral de 2015 -que arrancó el pasado 7 de octubre- inicia con un panorama alentador para el país gracias a las reformas energética, educativa y de telecomunicaciones que permitirán tener futuro de prosperidad para nuestros hijos y familias.
Y por el potencial que Nuevo León tiene en gas shale, recursos humanos altamente capacitados; empresarios que diariamente compiten a nivel nacional e internacional; la mejor percepción en seguridad, elemento fundamental para atraer inversiones, y la preparación de profesionales en las universidades del estado, que será la capital energética de México. Desde el “Cerro de la silla”, quiso decir, saldrán los negocios más importantes para diversos estados como Veracruz, Campeche y Tabasco. ¡Ajúa!
Y hablando de reformas, en la tercera Reunión Nacional Indígena -en la que participaron representantes de 34 etnias mexicanas ubicadas en 16 estados de la República- convocada por el Consejo Supremo Hñahñú del estado de Hidalgo, una de las conclusiones principales fue emprender, lo antes posible, una estrategia para que los indígenas conozcan los derechos que establece la reforma energética y las comunidades preparen a jóvenes especialistas en las materias del futuro. Las leyes secundarias para petróleo y gas establecen que las tierras en donde se ubiquen los yacimientos serán materia de derechos para sus poseedores; es muy probable que las futuras explotaciones petroleras ocupen territorios indígenas que deberán llevar beneficios directos a los pueblos, señala uno de los resolutivos de este encuentro propuesto por el diputado local de Hidalgo, Héctor Pedraza Olguín.