Ya sea por la desaparición de un hijo, la defensa comunal, o la exigencia de derechos campesinos, el hecho de convertirse en un activista social en defensa de cualquier causa parece ser una condición de peligro de muerte en Sinaloa. Con el reciente homicidio de Octavio Atilano Román Tirado, líder de comuneros de la presa Picachos, suman ya tres defensores sociales asesinatos en el último semestre en la entidad.
Con la exigencia de cuentas a las autoridades como estandarte, Sandra Luz Hernández, Ramón Corrales Vega y Román Tirado buscaron a través del activismo la forma de alzar su voz. Coincidentemente, todos murieron asesinados a balazos sin que a la fecha las autoridades cuenten con el esclarecimiento de los casos, convirtiendo la lucha social por “la justicia” en blanco de criminales que terminaron por acallar su protesta.
Sandra Luz fue el primer caso de este año. La mujer de 50 años exigió por más de dos años una solución por la desaparición de su hijo Edgardo García, ocurrida desde febrero de 2012. El 12 de mayo pasado, la integrante de Mujeres Unidas por la Paz, fue asesinada de la menos 15 disparos cuando supuestamente se reuniría con alguien en el centro de Culiacán que le daría información sobre su hijo.
Ante el crimen, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente de oficio, y aunque a los nueve días del asesinato fue detenido un presunto sospechoso es la fecha que aún no se le ha dictado sentencia por falta de elementos. “Yo no dejo de buscar ni un solo día, ni un solo día, todos los días. Esa es mi meta: encontrarlo (a su hijo)”, dijo Sandra en entrevista con el diario Noroeste a inicio de este año.
La misma suerte corrió Ramón Corrales Vega, ex presidente del comisariado ejidal del Cajón de Cancio, en Choix, quien era opositor de la minera Paradox Global Resources, que explota hierro en sus tierras. Luego de que fue privado de su libertad murió acribillado.
Los hechos ocurrieron sólo 11 días después del homicidio de Sandra, el 22 de mayo, cuando el dirigente ejidal desapareció y al otro día fue hallado su cadáver en un predio Huizachapoa. Según el parte policial, en el lugar encontraron decenas de casquillos de fusiles AK-47 y AR-15.
Desde 2006 el motivo de lucha de Corrales Vega, asesinado a los 41 años, se derivó del incumplimiento de pago y servicios por parte de la minera a los campesinos de la comunidad Cajón de Cancio, por lo cual se realizaron numerosas manifestaciones y plantones en el palacio de gobierno estatal. A la fecha permanecen encarcelados 17 ejidatarios del Potrero de Cancio, por oponerse a la explotación de dicha empresa.
El sábado, mientras conducía su programa de radio “Aquí es mi tierra”, el activista y líder de los comuneros de la presa Picachos, Octavio Atilano Román Tirado, fue asesinado a balazos por desconocidos que irrumpieron hasta la cabina del diario El Sol de Mazatlán.
Según el diario Noroeste, el ataque ocurrió alrededor de las 11 de la mañana cuando Román Tirado conducía su programa radiofónico, hasta donde llegaron dos hombres con armas cortas para abrir fuego en su contra, para después darse a la fuga. Malherido, Román fue llevado de emergencia el nosocomio más cercano donde minutos después murió.
Ayer, el procurador estatal, Marco Antonio Higuera Gómez aseguró que ya se tenía identificado el auto que fue utilizado por los agresores del líder comunero, quienes habrían seguido a Octavio desde su casa hasta las instalaciones del periódico.
Román Tirado quedó como representante de los comuneros desplazados luego de que el gobierno estatal, en ese entonces en la administración de Jesús Aguilar Padilla, habría incumplido con los acuerdos a los que habían llegado con los pobladores de las comunidades afectadas por la construcción de embalse, y el pago de indemnizaciones.
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