El Gobierno del Distrito Federal (GDF) asumirá los costos de rehabilitación de la Línea 12 en tanto no se resuelvan los juicios de garantías y fianzas con el consorcio constructor, por lo que el Programa de Egresos 2015 se verá afectado con 500 millones de pesos para resolver la problemática de la obra.
El secretario de Finanzas del Distrito Federal, Edgar Amador Zamora, informó que dicha cifra podría modificarse a partir del análisis de los trabajos de reparación definidos por Systra, que deberá presentar la Secretaría de Obras en los próximos días.
“Tenemos que echar a andar la Línea independientemente de cualquier otra consideración, no podemos esperar a que haya una resolución respecto a la ejecución de las garantías o fianzas en su caso”, dijo tras comparecer ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga los recursos federales aplicados a la Línea dorada.
Aclaró que la intención de reabrir las 11 estaciones cerradas desde hace siete meses no va a impedir que el GDF ejecute “cualquier fianza, garantía o facultad que tengamos sobre los contratistas (ICA-Alstom y Carso)”.
El responsable de las finanzas de la Ciudad de México puntualizó que “los 500 millones de pesos son el número base que tendríamos que poner para poder presupuestar”, mismos que provendrán del gasto corriente para dejar intactos programas sociales, de seguridad y el Fideicomiso Maestro del Metro.
Amador Zamora también dio a conocer que en lo que va del presente ejercicio fiscal se han destinado 62.73 millones de pesos a la Sobse para identificar las fallas de la Línea 12, de los cuales se pagaron 26.16 millones de pesos a Systra y TSO para la elaboración del diagnóstico y las propuestas de reparación.
Largo conflicto con consorcio
De su lado, el consejero Jurídico del GDF, José Ramón Amieva, pronosticó que el pleito por la liquidación del contrato principal que se suscribió con el consorcio constructor podría extenderse hasta enero del siguiente año.
Tras comparecer ante comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), recordó que a ICA, Carso y Alstom le son requeridos 2 mil 500 millones de pesos por concepto de trabajos pagados y no realizados o mal ejecutados.
“Si esto no prospera, lo que nos tendrá que solicitar a la Consejería es el acompañamiento para la recuperación a través de un medio como serían las fianzas o alguna otra acción, si es que las fianzas no fueran suficientes”, señaló el consejero jurídico del GDF.
Ante los dichos de las empresas constructora de que el GDF les debe 2 mil 500 millones de pesos, Amieva Gálvez advirtió que el gobierno capitalino no pagará un peso más al consorcio.
“Como hemos sostenido ante el Tribunal Superior de Justicia, el contrato 022 no amerita por su característica de precio alzado ningún pago adicional al consorcio. Nosotros consideramos que esto forma parte del alcance para el consorcio y que no procede desde la visión de la consejería jurídica un pago adicional”, apuntó.
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