Ante la crisis de inseguridad y violencia que se vive en Guerrero, especialistas coincidieron que la incapacidad u omisión de las autoridades municipales y estatales ante la intervención de la delincuencia organizada debe ser atendida por el gobierno federal con el recurso constitucional de la desaparición de poderes en la entidad, coincidieron especialistas en materia de seguridad.

 

“Ante situaciones críticas se tiene que dar respuesta contunden dentro del marco constitucional, y lo que se viene registrando (en Guerrero) requiere una determinación en el sentido de la desaparición de poderes. Que sería en favor de la población, sin pensar en partidos políticos, ni elección, ni camarillas es impostergable la intervención de la autoridad federal y la desaparición de poderes”, señaló Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la UNAM.

 

Consideró muy grave el que un grupo delictivo use a la policía municipal contra la sociedad, y aseguró que es una de las situaciones más difíciles que se viven desde que hay estrategia de seguridad en México, que comenzó en junio de 2005, ya que representa un hecho de violencia sin límites de crueldad.

 

Para el académico, el ataque además representa un gobierno estatal fallido, donde “el centralismo que hemos padecido mucho años hoy está dando sus más negativos resultados, hoy en Guerrero ayer fue la frontera sur, antier fue Michoacán, un poquito más atrás fue Tamaulipas. Creo que es un señalamiento muy serio respecto a la necesidad de tomar las cosas con mucha profundidad y recurrir a los recursos que te da la Constitución”.

 

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de seguridad, terrorismo y comunicación política, dijo que la situación que prevalece en Iguala, donde policías al servicio del cártel Guerrero Unidos atacaron a estudiantes normalistas, es el reflejo de condiciones que prevalecen en otros municipios como Chilpancingo y Acapulco, así como en otras entidades del país, derivado de la debilidad de sus instituciones de seguridad y justicia.

 

“Veo un abandono cíclico y estructural de las instituciones de seguridad y justicia en varios estados. Las autoridades al más alto nivel político han sido incapaces o no han querido, que es peor aún dejar en omisión, el limpiar las estructuras de sus instituciones. Guerrero es uno de los estados con un menor índice de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, un estado tan complejo tanto en el ámbito municipal como estatal es incapaz de llevar la justicia a todo rincón del estado”, subrayó.

 

En entrevista con 24 HORAS, señaló que el asesinato y desaparición de normalistas resulta una muestra de ese debilitamiento institucional, y la muestra del poder que ejerce el crimen organizado en las comunidades y en las propias instancias públicas como son las policías locales.

 

“Al estado (de Guerrero) se le ha hecho muy fácil replegarse y dejar que las propias comunidades, los propios grupos comunitarios hagan ajuste de cuentas entre ellos ante su incapacidad para ayudar a su seguridad. Los normalistas habrían sido víctimas de un acto de violencia para afirmar el poder de un grupo delictivo; hay una compleja impunidad política sobre lo que hacia la delincuencia organizada y estos policías en ese municipio”.

 

Rodríguez Sánchez Lara, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), vislumbró un panorama complicado en cuanto a las acciones por mejorar la seguridad debido a las condiciones y divergencia política en la entidad.

 

“En Guerrero hay tensiones políticas históricas, entonces no podemos dejar de entender el estado sin tener en cuenta que va haber elecciones muy pronto, y que es una entidad donde ya ha habido transición política entre partidos políticos, es urgente que partidos a nivel nacional puedan elegir con mucho mayor profesionalismo y responsabilidad a quienes van a ser sus candidatos a las diversas posiciones políticas”.

 

“Iguala no es el único municipio en el que la delincuencia organizada ha penetrado en las instituciones, ya ha habido avisos del fenómeno en Chilpancingo y Acapulco. Guerrero es históricamente un estado donde concluyen varios fenómenos delincuenciales; un estado fuertemente armado al interior de su sociedad, y el surgimiento de hechos violentos entre diferentes comunidades de un mismo municipio o de una región”, advirtió Gerardo. DE