La fuerza operativa del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, a quien se responsabiliza de la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se encuentra asentada en Guerrero y Morelos, dos entidades que concentran prácticamente 1 de cada 5 plagios del país, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por la organización Alto al Secuestro (AS)
Según la estadística presentada ayer por la organización, Morelos y Guerrero están empatados en el tercer lugar en plagios a escala nacional, sólo detrás del Estado de México que es la entidad más poblada, y de Tamaulipas en donde el tema de secuestro se ve disparado por la vulnerabilidad de la migración en la zona.
De diciembre de 2012 a septiembre de este año Alto al Secuestro contabiliza un total de 5 mil 177 plagios, de los cuales 4 mil 635 sí fueron denunciados y se inició una averiguación previa ya sea a nivel estatal o federal.
De esas indagatorias Guerrero y Morelos registran 463 casos respectivamente, es decir, suman entre los dos 926 casos denunciados, que equivalen a 20% de todas las investigaciones por secuestro.
En el caso de Morelos, la entidad federativa registra un aumento de 17.4% en secuestros, pues de enero a septiembre de este año acumuló 223 casos, mientras que en el mismo periodo de 2013 la cifra fue de 190 casos.
Mucho más dramático aún es el aumento de secuestros en Guerrero que pasó de 94 a 331 casos, lo que evidencia un disparo de 252.1% en este delito. Además se espera que este aumento se recrudezca cuando se contabilicen los plagios de los estudiantes de Ayotzinapa.
Acapulco a la cabeza en plagios
El reporte de Alto al Secuestro también evidencia que de los más de dos mil 400 municipios que hay en el país, los ubicados en la zona de Guerreros Unidos están a la cabeza en plagios.
Acapulco es la localidad con más casos de secuestro del país con 135 casos acumulados en los 22 meses que van del actual sexenio. En tanto Cuernavaca, Morelos, ocupa el tercer sitio nacional con 112 casos según esta organización.
Isabel Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, precisó que es posible que en el caso de Acapulco, su alto índice se vea agravado por secuestros que se cometen en otros “focos rojos” en Guerrero, pero que por temor no denuncian en su localidad.
De acuerdo con autoridades federales, la naturaleza violenta de los grupos considerados “vástagos” de los grandes cárteles, como es el caso de Guerreros Unidos, que no tienen capacidad para traficar drogas pero si para cometer otros delitos, erosionan las condiciones de seguridad en las zonas donde operan.
“Guerreros Unidos se dedica sobre todo al secuestro y la extorsión y eso explica el por qué hay una incidencia delictiva preocupante en la zona bajo su control”, señaló un funcionario federal.
Propone Alto al Secuestro quitar a estados evaluación de policías
Luego de que se confirmó que al menos dos corporaciones policíacas municipales participaron en el secuestro de estudiantes de Ayotzinapa, la organización Alto al Secuestro (AS) dijo que propondrá que se quite la facultad a los estados para evaluar a sus policías y en su lugar las realice un tercero, pues consideró evidente que el mecanismo actual no funciona.
En entrevista con 24 HORAS, la presidenta de la asociación Isabel Miranda de Wallace, dijo que Guerrero es otro episodio de una historia de corrupción policial que evidencia las fallas del mecanismo de certificación.
“Tenemos este caso de Ayotzinapa pero también tenemos casos en el Estado de México con un jefe de policía involucrado en secuestros; está pasando en Tabasco, donde un montón de policías estaban metidos; lo hemos visto en Michoacán con una cantidad grande de municipios… ¿Esto no nos dice nada?”, señaló la activista.
Wallace describió que el problema de que los estados evalúen a sus policías es que se vuelven en juez y parte, lo que ya hace dudosa la calidad de las evaluaciones, y más aún cuando no quieren perder recursos económicos que se les asignan para ello.
“Es una especie de auto evaluación la que hacen pero tú no puedes ser juez y parte. La federación le dice a los estados que para darles recursos deben evaluar a sus policías, entonces los estados hacen las pruebas como sea con tal de cumplir y poner la palomita y eso así… No sirve”, indicó.
La activista subrayó que en las reuniones de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) ya había planteado la necesidad de modificar el mecanismo pero los mandatarios estatales no quieren desprenderse de los recursos económicos y el “poder” que les representa controlar a su policía.
En ese contexto dijo que volverá a hacer un llamado para que se reforme la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se certifiqué a centros independientes de evaluación que se encarguen de realizar los exámenes. El pago a dichos centros de evaluación sería con los recursos que se asignan actualmente a los estados para evaluar.
“Entonces tienes a un tercero que es más difícil de cooptar, no digo que no sea imposible pero es mucho más difícil a que el jefe le ponga la palomita…”, indicó.
Wallace también dijo que es importante que haya una visita domiciliaria como se hace a nivel federal dentro del mecanismo de evaluación porque eso arroja las verdades detrás de la vida de la persona examinada más allá de sus dichos o de lo que pueda tener en una cuenta de banco.
Aguirre insostenible
Wallace también consideró que el gobernador Ángel Aguirre debe renunciar a su cargo tras el plagio de estudiantes en el estado y las pruebas que evidencian que las instituciones en la entidad están infiltradas por la delincuencia organizada.
“Es insostenible que permanezca el gobernador Aguirre, por prudencia y con el fin de pacificar el Estado, debería dejar el cargo (…) ya hace algún tiempo que denunciamos que Guerrero era una bomba de tiempo y por desgracia ya estalló”, expresó.
La activista dijo que también es imprescindible que las investigaciones en torno a lo sucedido a cargo de la federación esclarezcan todos los casos de personas de personas encontradas en fosas, luego de que se descubrió que 28 cuerpos encontrados no eran de estudiantes.