Al secretario de Agricultura Marcos Bucio, perdón, Enrique Martínez y Martínez, bueno a los dos, parece que se “les atravesó el chamaco” con el asunto de la licitación del Instituto Nacional de Pesca para mantenimiento y operación del buque de investigación oceanográfica Bipo I, cuyo contrato supera los 300 millones de pesos.

 

Todo empezó en febrero pasado, cuando una de las empresas participantes en la licitación -Servicios Múltiples del Puerto en sociedad con Naviera Rem-  se inconformó porque el resultado favoreció a la empresa Fameval. Por alguna “extraña razón”, este asunto motivó un enfrentamiento entre el titular del Órgano de Control Interno (OIC) de esa dependencia, Juan Salvador Esquer, y el secretario de Agricultura, Marcos Bucio, otra vez perdón, el oficial mayor.

 

 

 

 

El 30 de junio pasado, la Secretaría de Agricultura informó que el señor Esquer había renunciado -lo que se interpretó como que “le habían dado cuello”-, y en su lugar pusieron a Francisco Cárdenas Elizondo -contralor a modo, dijeron los sospechosistas- quien continuaría el trabajo con estricto apego a las normas. ¡Ajá! Y ya encarrerados el secretario y su oficial mayor también cambiaron al titular del Órgano de Control Interno del Conapesca, para poner a otro contralor, de nombre José Antonio Bañuelos Hernández.

 

Armado el equipo de incondicionales, donde también participan Enrique Quiroz, director general de Administración y Recursos Materiales del oficial mayor de la Sagarpa; Pablo Gómez, director general de Administración de Inapesca -quien fue el que hizo las bases y llevó la licitación del contrato de operación y mantenimiento del buque en cuestión-; el director Jurídico de Inapesca, Rodolfo Veloz Bañuelos, y hasta el encargado de la Función Pública, Julián Olivas Ugalde, hicieron circular la versión de que la Secretaría de la Función Pública invalidó el fallo de la licitación y ordenó a Inapesca reponer el procedimiento, lo que, según los enterados, es falso. Lo que la SFP resolvió fue motivar y fundamentar el fallo ya existente. Aquellos insisten en que estas irregularidades provocaron que la Sagarpa destituyera al titular del Órgano Interno de Control en dicha Secretaría, lo que también es falso porque no son atribuciones del puesto.

 

Otro de los argumentos que han esparcido los incondicionales, es que para el nuevo fallo tanto el representante del OIC de Inapesca como el director jurídico del Instituto, argumentaron incumplimiento sobre el depósito del capital social, cartas de recomendación no apostilladas por autoridades de Estados Unidos, entre otros. Sin embargo, estos requisitos no estaban estipulados en la convocatoria de la licitación pública. Peor aún, ninguno de ellos son autoridades facultadas para declarar desierto un procedimiento de licitación. No faltan los malosos que afirman que Marcos Augusto Bucio Mújica los presionó. ¿Usted cree en tanta perversidad?

 

Peor se las cuento: Dicen los enterados, que la decisión tomada tanto por el representante del OIC de Inapesca como por su director jurídico, además de estar fuera de sus atribuciones, se extralimita y está en desapego a lo instruido por la SFP y a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al declarar desierta la licitación aun cuando la SFP no lo determinó ni es un supuesto normativo. Aunado a que el director general adjunto de Administración del Inapesca, Pablo Gómez Domínguez, como responsable por atribuciones del puesto del seguimiento de la convocatoria de licitación y por tanto del acto de fallo, permitió las acciones antes descritas.

 

Preguntas ingenuas: ¿Por qué el titular de la Sagarpa, el Oficial Mayor y el grupito de incondicionales insisten en descalificar, sin fundamento,  a personas que no intervinieron ni tienen que ver de manera directa en dicho procedimiento? ¿Por qué el interés de que se declare desierta la licitación?

 

AGENDA PREVIA

 

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que coordina el sonorense Manlio Fabio Beltrones, echará la carne al asador para que se apruebe en comisiones y después en el Pleno, la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto encaminada a impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. Para el líder priista el reto no es menor.