Aunque ya pasaron 20 días desde que la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que militares asesinaron sin justificación a civiles en la zona de Tlatlaya, Estado de México, y que se identificaron por lo menos a tres soldados responsables, aún no hay un juicio penal abierto por el homicidio de las víctimas.
Autoridades federales con conocimiento del caso señalaron a 24 HORAS que las investigaciones han enfrentado complicaciones, sobretodo porque durante dos meses no hubo trabajo pericial en el lugar de los hechos; aunque el homicidio fue el 30 de junio, fue hasta septiembre que se iniciaron los peritajes.
Un funcionario ministerial que pidió reserva con su identidad por razones obvias comentó que en la bodega de Tlatlaya sólo se hizo el levantamiento de los cuerpos y la toma de fotografías iniciales. El Ministerio Público dio por bueno el parte militar inicial que hoy se sabe no correspondió a la realidad de lo ocurrido.
Durante julio y agosto prácticamente se le dio carpetazo al caso y el lugar de los hechos tampoco fue preservado ni aislado. La PGR hizo dos consignaciones de mujeres aseguradas por posesión de armas y otra más quedó en libertad. El expediente se mantuvo abierto pero no hubo mayores diligencias.
Fue hasta septiembre, tras las revelaciones hechas en un reportaje de la revista Esquire, que se ordenaron nuevas diligencias en la bodega de la localidad de San Pedro Limón donde ocurrió el homicidio. Peritajes en criminalística y reconstrucción de hechos revelaron entonces que tres soldados mataron a civiles rendidos con sus propias armas.
El mismo titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, señaló en una reunión con corresponsales extranjeros que por semanas no se hizo un trabajo pericial en la zona.
“Pasó mucho tiempo antes de que interviniéramos, tenemos que reconstruir todos los hechos (…) Pasó mucho tiempo porque inicialmente parecía un asunto que competía a otras autoridades”, dijo Murillo Karam.
En la PGR insistieron en que la consignación de la averiguación previa es inminente e indicaron que se procederá en contra de tres elementos de tropa por homicidio y contra del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, quien iba al frente de la guarnición que chocó con los presuntos delincuentes, por el delito de encubrimiento.
Caso militar también lento
De acuerdo con lo dicho por el propio Murillo Karam, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) notó desde un primer momento irregularidades en el operativo de Tlatlaya. No obstante, el caso en los tribunales militares comenzó a moverse apenas en las últimas semanas.
En septiembre, dos meses después de los hechos, el Ejército encarceló a ocho militares involucrados por violaciones a la disciplina militar y apenas esta semana trascendió que fueron citados a declarar altos mandos, entre ellos el general de Brigada José Luis Sánchez León, ex comandante de la 22 Zona Militar.
Hasta ahora y con excepción de un comunicado de septiembre, la Sedena ha mantenido un hermetismo oficial en cuanto al progreso del juicio castrense e investigaciones por este caso, y toda la información publicada proviene de versiones extraoficiales o de las partes ligadas al caso.