WASHINGTON. El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, aseguró hoy que los casos de Iguala y Tlatlaya abren una «severa discusión» sobre la eficacia de las políticas del gobierno de Enrique Peña Nieto, e instó a «revisar los mecanismos que no están funcionando».

 

«Si bien este gobierno venía trabajando sobre el tema de política pública, me parece que el caso Tlatlaya y el caso Iguala pone una discusión muy severa, un corchete de veracidad sobre la política pública y la eficacia de la política pública», dijo el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Icaza se refirió así, durante un encuentro con la prensa en Washington, a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero  a finales de septiembre, y al caso de Tlatlaya, en el estado de México, donde 22 civiles murieron presuntamente en un choque armado con militares el 30 de junio.

 

«Si tienes por un lado una denuncia de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes del Ejército (…), y por otro lado policías municipales que participan en actos de desaparición forzada, dices ¿qué está pasando en materia de implementación de la política pública?», sostuvo.

 

«Tienes por un lado -añadió- una reforma constitucional que se convierte en una piedra angular del modelo legal, pero tienes por otro lado una práctica institucional que va en contrasentido de lo que dice la reforma constitucional y las políticas públicas. Tiene que revisarse cuáles son los mecanismos que no están funcionando».

 

El pasado 3 de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares en el caso de Iguala, solicitando al Estado mexicano que adopte todas las medidas para localizar a los estudiantes desaparecidos, esclarecer las causas, e identificar y sancionar a los responsables.

 

Este lunes, Icaza y uno de los siete miembros de la Comisión, Rosa María Ortiz, mantuvieron un encuentro en Ciudad de México con autoridades del Ejecutivo de Peña Nieto y dos organizaciones que solicitaron la acción de la CIDH, además de con los padres de dos de los muchachos desaparecidos.

 

A la reunión asistieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y tres subsecretarios, según explicó Icaza.

 

«De las reuniones que yo he tenido de seguimiento de una medida cautelar, es el más alto nivel que he observado, y me parece que se está mandando un mensaje de atención a la Comisión. Es un mensaje de importancia (…), pero la prioridad es encontrar con vida a los 43 muchachos», subrayó el secretario ejecutivo.

 

«Hubo agentes estatales involucrados en la desaparición de los muchachos. Eso es un escenario de desaparición forzada, y le da una responsabilidad específica al Estado, y por supuesto que nos parece que mientras más pase el tiempo, más grave», apuntó.

 

La CIDH celebrará el próximo 30 de octubre cinco audiencias públicas centradas en México, dentro de su 153 periodo de sesiones.

 

Según Icaza, el caso de Iguala podría salir a relucir «muy probablemente» durante una audiencia centrada en «denuncias de impunidad» en violaciones de derechos humanos y en otra solicitada por el Gobierno mexicano para exponer los resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos.

 

Además, habrá una «discusión sobre lo que está pasando en México más allá de las audiencias», y en último término la Comisión «podrá decidir si hace una visita o cuáles son los mecanismos de seguimiento a lo que pasa», precisó Icaza.

 

GH