Por lo menos 300 negocios solo de la zona centro de Guerrero han tenido que cerrar sus puertas y sus dueños abandonar el estado, en medio de un clima de inseguridad y violencia generado por el crimen organizado, y agravado por la inacción de las autoridades locales.

 

Así lo denunció en entrevista el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Jaime Nava, quien calificó de “desesperada” y “dramática” la situación en la entidad, con “focos rojos” que no solo están en tierra caliente sino en varios puntos del estado.

 

Acompañado de más de una decena de representantes de distintos sectores productivos de la entidad, y con el apoyo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. (CCSPyJP), Nava entregó ayer un informe en el Senado donde describen varias situaciones de violencia en Guerrero y por lo cual piden la disolución de poderes en la entidad.

 

“Las empresas están muriendo en el estado de Guerrero y es por la extorsión, por el cobro de derecho de piso. El gobierno del estado a lo mejor no tiene las manos manchadas de sangre pero sí creemos y afirmamos que ha sido omiso en su responsabilidad”, indicó Nava.

 

Subrayó que en Guerrero pueden contarse por miles los negocios que se han visto afectados, pero precisó que solo en el área del centro, comprendida por la montaña baja y la capital Chilpancingo, son por lo menos tres centenares los establecimientos afectados al punto de tener que cesar con sus actividades.

 

“Más de 300 familias con sus negocios han tenido que salir del estado. Familias y negocios conocidos, muchos negocios con varios años de antigüedad han tenido que cerrar sus cortinas. Obvio esto genera un gran desempleo y un caldo de cultivo para la inseguridad”, subrayó.

 

Robos, extorsiones y el llamado cobro de derecho de piso para permitir que los establecimientos operen son las conductas que están mermando la actividad comercial en el estado.

 

Carreteras de miedo

 

Jaime Nava señaló que las carreteras, vitales para la actividad económica, se han convertido de nuevo en zonas de riesgo por la actividad de la delincuencia, situación agravada la ausencia de la Policía Federal la cual retiró sus elementos para trasladarse a operativos en otros estados.

 

“Derivado de los problemas en Tamaulipas se llevaron a la policía federal que estaba en la zona centro, se llevaron al comisario que estaba asignado con mucha experiencia por cierto, se llamaba Omar García, y ahora ya no está”, indicó.

 

El representante de Coparmex puso de ejemplo la salida de Chilpancingo de la autopista con dirección a Morelos, sitio que calificó como “muy peligroso”, donde los transportistas de frutas o legumbres constantemente son parados por los delincuentes que les quitan sus mercancías y unidades y luego los abandonan amordazados. “A algunos los han matado”, aseguró.

 

Cementerio estatal

 

De acuerdo con Nava la situación que se está observando en Iguala es muy delicada, pero hizo hincapié en que fosas clandestinas en varias partes del estado. “También las encontrarían (las fosas) en Chilapa, en Eduardo Neri, en Acapulco o Chilpancingo… solo que nadie se ha preocupado por buscarlas. Hemos caído en una destrucción del tejido social”, dijo.

 

En ese contexto y acompañado de varios empresarios y del presidente del CCSPyJP, José Antonio Ortega, entregó al Senado un reporte y una solicitud con más de cinco mil firmas para que desaparezcan los poderes estatales.

 

Ortega comentó por su parte que el gobernador de Guerrero es corresponsable de la violencia ya sea por “acción u omisión” y dijo que es claro que en la entidad quien gobierna es “el narcotráfico”.

 

 

Piden desaparición de poderes

 

Por Estéfana Murillo

 

Cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil de Guerrero entregaron en el Senado de la República cinco mil firmas para respaldar la propuesta del PAN de iniciar el proceso de desaparición de poderes en la entidad gobernada por Ángel Aguirre Rivero.

 

En conferencia de prensa, acompañado por el coordinador de la bancada panista, Jorge Luis Preciado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Jaime Nava Romero, habló a nombre de la comunidad empresarial guerrerense, y advirtió acerca de la alarmante situación de violencia y de ingobernabilidad en aquel estado.

 

Narró que desde agosto del año 2013, a través del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, se envió al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia y al gobernador Aguirre Rivero, un diagnóstico sobre la creciente violencia en 46 de los 81 municipios de Guerrero, sin que las autoridades hicieran algo al respecto.

 

“Quiero decir con mucha tristeza que se ha hecho caso omiso a nuestros reclamos. Se minimizó la situación”, declaró al asegurar que en el pasado se emitieron denuncias y se ofrecieron testimonios de decenas de guerrerenses que fueron secuestrados, extorsionados e incluso algunos torturados.

 

Por su parte, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C, secundó: “se les advirtió que la violencia, la ingobernabilidad y el narcoestado iban a Guerrero”.

 

Tras ello, Ortega pugnó por que el Senado procese la propuesta para la desaparición de poderes y la resuelva favorablemente. Hay, dijo, elementos para que así suceda.

 

Al recibir a la comitiva de representantes empresariales y de la sociedad civil, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez señaló que “debemos mandarle un mensaje desde el Senado de la República a toda la sociedad mexicana de que se debe de respetar la vida, la libertad y los derechos humanos; debemos mandarle un mensaje a los gobernadores de los estados que no pueden actuar impunemente absolutamente en ningún caso”.

 

Senado turna a comisiones solicitud

 

En su sesión ordinaria de este jueves, el pleno del Senado turnó a la Comisión de Gobernación la solicitud de desaparición de poderes en Guerrero, promovida por Acción Nacional.

 

Dicha comisión presidida por la senadora, Cristina Díaz Salazar (PRI), tendrá cinco días para la revisión de la solicitud y determinará si es procedente esta petición. De ser así la discusión al respecto pasará al Pleno en la próxima semana.