El presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés y sus coordinadores legislativos se mostraron per-ple-jos por el “alarmante costo de la corrupción en México” -al cual contribuyeron los panistas en los 12 años que mal gobernaron el país-, que se ubica en 1.5 billones de pesos cada año.
Al presentar lo que llamaron el Sistema Nacional Anticorrupción, explicaron en su diagnóstico que la corrupción se refleja en las medicinas que no llegan a los hospitales públicos; en los departamentos que se cuartean en las unidades habitacionales; en la necesidad de pagar sobornos. Y se agrava cuando los observadores alertan sobre el hecho de que las adjudicaciones directas (“compras a los cuates”, dicen) se han convertido en la norma y no la excepción dentro de las licitaciones públicas. ¡Qué bárbaros, qué descubrimiento!
Para combatir este flagelo los panistas sugirieron un “sistema autónomo, ciudadano e integral sin precedente en la historia de México que evitará los fracasos del pasado” en la materia. Advirtieron que “sin un robusto sistema nacional anticorrupción, no habrá inversión nacional y extranjera a toda su capacidad”. Ay, la ingenuidad, como si no supieran que los inversionistas ya incluyen en sus proyectos el porcentaje que les cuesta si resultan ganadores de tal o cual concurso, licitación, etcétera.
¿En qué consiste el Sistema Nacional Anticorrupción que propone el PAN?, preguntan los curiosos.
En un conjunto de órganos con funciones que se complementan entre sí: Un Consejo Nacional en el que participen todos los órganos públicos que intervienen en el sistema, así como una amplia representación ciudadana; un Comité Ciudadano para la Ética Pública, integrado por ciudadanos de reconocido prestigio, responsable de la instalación de observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional, y encargado de formular denuncias y proponer políticas.
En materia de control interno, proponen fortalecer la Secretaría de la Función Pública en materia de auditoría e investigación; que el titular sea ratificado por el Senado de la República. En materia de control externo, proponen que sean dos órganos, absolutamente independientes del Poder Ejecutivo los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades posibles actos de corrupción. Ambos órganos estarán facultados para recibir quejas y denuncias ciudadanas, con la garantía de que sus denuncias sí darán lugar a investigaciones serias.
A la Auditoría Superior de la Federación hay que otorgarle las más amplias facultades en materia de auditoría, antes, durante y después del ejercicio del gasto, y también con las más amplias facultades de investigación ante quejas y denuncias ciudadanas o actuando de oficio, sugieren. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá la obligación de actuar ante denuncias ciudadanas y será responsable de ejercer acción penal. Como ya fue aprobado, el fiscal será nombrado por el voto de las dos terceras partes del Senado de la República y será independiente del Poder Ejecutivo, recomiendan.
Los niveles actuales de impunidad son verdaderamente alarmantes. E ilustran: De casi dos mil 500 promociones de sanción en la última Cuenta Pública revisada por la Auditoría Superior de la Federación, sólo cuatro servidores públicos recibieron la máxima sanción administrativa.
Ya basta de simulaciones, quisieron decir, y propusieron castigar ejemplarmente a quienes cometan actos de corrupción. Que le retiren la facultad de sanción a las contralorías que dependen de los presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República; que se otorguen facultades de sanción a los jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía), y en materia administrativa, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y ya encarrerados sugieren que el sistema se extienda al ámbito local de los estados y los municipios.
Anticipando que algunos malosos se iban a pitorrear del asunto, Anaya y sus coordinadores legislativos subrayaron: Se trata de una propuesta seria, de combate frontal contra la corrupción. Y dejaron para el final la mejor frase: Pongamos a los corruptos en su lugar: en la cárcel y lejos, muy lejos, del manejo de los recursos que son de todos los mexicanos.