Gustavo Ponce Meléndez insiste ante las autoridades federales para que el ministerio público local le devuelva las cuentas bancarias que le mantiene congeladas desde 2003.
El ex secretario de finanzas del Gobierno del Distrito Federal, quien fuera sorprendido apostando en un casino de Las Vegas dinero que supuestamente era del erario público, presentó el segundo amparo en lo que va del año para que le devuelvan el importe de dos cuentas bancarias.
Ponce Meléndez buscó descongelar sus cuentas a través del juicio 662/2014, el cual fue cancelado por el juez Tercero de Distrito de Amparo Penal por la improcedencia del asunto.
Ahora nuevamente presentó otro juicio que quedó registrado bajo el expediente 1020/2014 ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo quien le dio entrada a la demanda, y emplazó a las partes para el próximo 18 de noviembre para la audiencia constitucional.
“Negativa de recabar del archivo de reserva la averiguación previa FAE/14/04-03, 2.- Negar el levantamiento del aseguramiento de la cuenta bancaria 1021409-7, y caja se seguridad número 25, ubicada en sucursal Villa Coapa, ambas de IXE BANCO, S.A; así como la cuenta bancaria 557-00604-4, de Banco Mercantil del Norte, S.A. 3.- Acto reclamado contenido en la cédula de notificación de 22/09/2014. 4.- Ejecución del aseguramiento”, son los actos reclamados.
Cabe recordar que en marzo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, revocó la sentencia emitida por el Juez 12 Penal del fuero común, Jorge Guerrero Meléndez, y decretó la libertad simple y llana para el sentenciado, quien abandonó el Reclusorio Norte.
La decisión del Poder Judicial de la Federación obedeció a la insuficiencia de pruebas para demostrar que la conducta delictiva atribuida a Ponce Meléndez, en su carácter de secretario.
El juez advirtió que no hubo elementos para demostrar la responsabilidad del presunto fraude por 31 millones por parte de Gustavo Ponce Meléndez, durante el periodo al frente de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.
Durante la revisión del juicio de garantías en apelación 250/2013, y en sesión plenaria del 13 de marzo de 2014, los magistrados consideraron que la sentencia condenatoria de 5 años, dictada el 16 de octubre del 2012, por el fraude no quedó fundamentada.