Sancionar la instalación de antenas de telefonía celular e infraestructura de telecomunicaciones -como han propuesto diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal- es contrario a la Constitución y a la reforma en la materia, manifestó el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).
Recientemente los asambleístas anunciaron que presentarán una iniciativa para sancionar hasta por tres años a quien promueva y permita de manera ilegal la colocación de antenas repetidoras en zonas habitacionales, pues consideran que se pone en riesgo la integridad de la población al ser instaladas usualmente en casas o edificios con estructuras dañadas o de frágil cimentación.
Actualmente, en todo el país existen 50 mil antenas repetidoras, sin embargo, se requieren 100 mil radiobases adicionales para la eficiente prestación de servicios de telecomunicaciones móviles.
Para el IDET, que preside Gerardo Soria, hay un déficit de infraestructura en el país para brindar mejor calidad en los servicios, por ello se pronunció en contra de que se penalice la instalación de antenas de telefonía, pues la iniciativa “por sí sola, es contraria a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución y del artículo 5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.
Tras la reforma en la materia se estableció que el Ejecutivo Federal, los estados, los municipios y el gobierno del Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, colaborarán y otorgarán facilidades para la instalación y despliegue de infraestructura y provisión de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión.
“En ningún caso se podrá restringir la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la prestación de los servicios públicos que regula esta Ley”, expuso el instituto.
La propuesta de la ALDF también justifica daños a la salud ocasionados por estas antenas, pero el IDET puntualizó que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) no existe evidencia de que las radiaciones que producen los equipos transmisores tengan efectos negativos.
El IDET opinó que antes de emitir cualquier regulación local se debe trabajar de manera integral con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para dar certeza a los habitantes.
“Consideramos indispensable que tanto el IFT como el ejecutivo, a través de la SCT, coordinen con autoridades estatales y municipales el establecimiento de lineamientos y procedimientos expeditos y transparentes que faciliten el despliegue de infraestructura para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y que permitan dar cumplimiento a las metas de conectividad”, recomendó.
Tema en el tintero
En abril de 2012, durante los diálogos para reformar la Ley de Telecomunicaciones, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado, había propuesto que las empresas de telefonía celular, antes de colocar las antenas repetidoras, estuvieran obligadas a informar a la comunidad los posibles daños que pudieran ocasionar y consultar junto con la ciudadanía los lugares específicos para su colocación, incluso proponían multas de 10 mil a 100 mil salarios mínimos a las empresas por no cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en los títulos de concesión o permiso. Esta propuesta no prosperó entre los legisladores.
No obstante, a inicios de 2013 la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) trabajó en dos estudios, uno sobre el déficit en radiobases y otro para definir aspectos de los riesgos a la salud y la compartición de las torres.
Incluso había trabajado un proyecto de Norma para dar certeza a los habitantes sobre la instalación de estas antenas, sin embargo el IFT no ha dado continuidad a los temas.
Comments are closed.