Aunque las investigaciones han evidenciado una operación bien organizada y fraudulenta que originó un quebranto de cinco mil 234 millones y pudo incluso poner en riesgo al operatividad de Pemex, hasta hoy no hay una sola persona tras las rejas por el caso de Oceanografía.
Cuatro órdenes de aprehensión pendientes que no se han logrado cumplimentar, un juicio en curso por un delito no grave, varios sospechosos más sin consignar y multas sin pagar, es la realidad jurídica de las investigaciones hasta ahora.
El empresario Amado Yáñez, hasta hace unos meses propietario de Oceanografía, es el único indiciado en manos de las autoridades, aunque su juicio lo lleva en libertad. Esta situación apenas podría cambiar luego de haber sido detenido el lunes pasado y de que la Procuraduría General de la República (PGR) analizaba acusarlo de un delito grave.
El septiembre, el procurador Jesús Murillo Karam, ante los cuestionamientos de legisladores por la falta de personas detenidas, dijo que las investigaciones habrían priorizado el rescate de la empresa en vez de una serie de acusaciones, y señaló como principal responsable al socio de Yáñez, Martín Díaz Álvarez, quien no está detenido.
El fraude de Oceanografía, determinó el Juzgado 14 de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal según información revelada por el periódico La Jornada, es un “caso grave” que ocasionó daños a “bienes de gran jerarquía tutelados pero el Estado, como son la estabilidad y solidez del sistema financiero”.
Culpables pero libres
De acuerdo con los datos que autoridades de la PGR proporcionaron en su momento a 24 HORAS, existen cuatro órdenes de aprehensión vigentes por este caso, ninguna cumplimentada.
Entre los prófugos están tres ex funcionarios de Banamex: Alfonso Gerardo Ortega Brehm, director de Productos de Crédito de la Banca Corporativa; Emilio Gonzalo Granja Gout, director gerente de la Unidad de Energía y Químicos; y Erick Cervantes Murillo, analista de negocios y ejecutivo de cuentas.
Todos están acusados de delitos del orden bancario estipulados en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito al haber facilitado contratos irregulares para que Oceanografía obtuviera créditos que respaldaran sus contratos con Pemex. La Policía Federal Ministerial no ha ubicado a ninguno de ellos.
Quien sí está localizado y con orden de arresto pero tampoco ha podido ser llevado ante los tribunales es Díaz Álvarez, socio y operador financiero de Oceanografía. El problema es que el sospechoso está en Estados Unidos y el procedimiento de extradición solicitado por autoridades mexicanas aún no se resuelve.
La PGR tiene identificados además a otros siete ex empleados de Banamex involucrados en la trama del fraude de Oceanografía pero no ha procedido penalmente en su contra.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Oceanografía multas por 24 millones de pesos por irregularidades en los contratos con Pemex, pero la empresa interpuso un amparo en contra de dicha determinación y no ha pagado un centavo.
Recursos ilícitos
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) interrogaba hasta el cierre de esta edición a Amado Yáñez sobre líneas de investigación abiertas en torno a cientos de millones de pesos que se obtuvieron de forma fraudulenta con Banamex, y que habrían sido dirigidos hacia negocios e inversiones personales.
De igual forma estaba pendiente el esclarecimiento de un presunto desfalco de mil 164 millones de pesos perpetrado pro Oceanografía en agravio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hecho por el cual dicho instituto presentó una denuncia.
De las pruebas reunidas y la declaración que rindió Yáñez, la PGR determinará si se procede penalmente en su contra por algún delito de fraude o lavado de dinero, el cual sería grave u ya no le permitiría pagar una fianza para evadir la cárcel.