En plena crisis por el anuncio de que no se publicará la investigación sobre las anomalías en la elección de Rusia y Qatar como sedes mundialistas, Joseph Blatter se ha adelantado en una obvia declaración de postura: mientras que unos dudan respecto a si el país árabe organizará el evento, el presidente de la FIFA ya ha especificado que será disputado entre noviembre y diciembre de 2022.

 

Sin decirlo, el jefe ya dio a entender que el reporte de Michael García, consultor contratado para auditar el caso, no afectará en nada los planes qataríes. García, ex fiscal de Nueva York, declaró unos días atrás que “la investigación y proceso de adjudicación se mantiene en la mayoría de sus partes sin haber sido vista y escuchada. Ese tipo de sistema sería apropiado para alguna agencia de inteligencia, pero no para un proceso de análisis ético de una institución deportiva internacional que sirve al público y que es sujeto de un intenso escrutinio público”.

 

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¿Qué contienen los cientos de páginas derivadas de dieciocho meses de pesquisas de García? Los resultados de sus investigaciones y entrevistas con los miembros del Comité Ejecutivo que tomaron parte en esa doble elección de sede; en origen, su intención era hablar con todos quienes votaron, aunque no pudo convencer de hacerlo a quienes ya se han retirado del panorama futbolístico.

 

En particular hubiese sido determinante lo que admitiera el qatarí Mohammed bin-Hammam; este personaje fue desafiliado de la FIFA por corruptelas al contender por la presidencia con Blatter, aunque antes fue la cara visible de la candidatura de Qatar (y, presuntamente, quien se ocupó de ganar –o, presuntamente, comprar–adeptos).

 

Hans-Joachim Eckert, titular de la comisión ética de FIFA, también se ha inclinado por “sólo juzgar a individuos”, lo cual puede traducirse como un eufemismo para adelantar que no tocará a Qatar. ¿A manera que sí castigarían a quienes recibieron sobornos, pero no a quienes los pagaron?

 

Al tiempo, la oposición europea de Blatter, insiste en el hecho de que si se prueba que hubo corrupción o violación del código ético, la votación debe repetirse.

 

Qatar hoy puede estar significativamente más tranquilo que seis meses atrás, cuando muchos veían como inminente que se le retirara la sede e inclusive lucía como jugada perfecta de Blatter el sacrificar a la nación del Golfo Pérsico (así, se pensaba, ganaría credibilidad y relanzaría una imagen basada en transparencia y progresismo).

 

Más allá del cisma que implicaría reconocer todo lo que se movió en esos trámites pre-electorales, existe un factor central que puede orillar a la FIFA a no mover la decisión: la indemnización que tendría que pagarse a Qatar en caso de serle retirado el Mundial 2022. Eso, y que los dirigentes que recibieron dinero no han de estar dispuestos a regresarlo. Al mismo tiempo, quienes perdieron en esa votación, exigen ser compensados económicamente y algo parecido sucederá con los clubes europeos si el Mundial se llevara a noviembre (lo que trastocaría el calendario futbolístico anual y sus ingresos).

 

Un caos cuya salida difícilmente será el cambio de sede. García, cuya nominación al cargo no estuvo exenta de críticas, ya fue claro en que el reporte debería de hacerse público. Y Blatter, lejos de responderle, dio otro paso: informó en qué mes considera que se jugará el Mundial qatarí.

 

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