El pronóstico de las 25 instituciones financieras encuestadas por Banamex -que se dio a conocer ayer- arrojó que a finales de 2015 cada dólar se cambiará por 13 pesos, mientras que en este año la paridad cambiaria mostrará a un peso más débil con un cambio de 13.24 pesos por dólar.
Esas son las expectativas sobre el tipo de cambio peso-dólar que han planteado tanto bancos, como casas de bolsa y asesores financieros, es decir los especialistas en la materia.
Sin embargo, nuestros diputados no piensan lo mismo y han desafiado a los expertos financieros del país y del exterior, pronosticando un tipo de cambio promedio para 2015 de 13.40 pesos por dólar. Es decir, dado que este pronóstico aprobado por los diputados es un promedio para el año, los legisladores de la Cámara Baja seguramente habrán calculado que en 2015 se tendrán semanas o meses con paridades incluso cercanas a 14 pesos por dólar.
Los diputados decidieron elevar el tipo de cambio pronosticado para el próximo año de 13 pesos -planteado por la Secretaría de Hacienda en concordancia con las expectativas de los expertos del sector privado del país- a 13.40 pesos.
La razón de porqué los diputados decidieron plantear un pronóstico de mayor depreciación del peso frente al dólar para el próximo año no se encuentra en algún sesudo análisis sobre el balance de riesgos en los mercados financieros internacionales. No. La razón es mucho más sencilla y burda. Los diputados buscaron inflar artificialmente el ingreso para obtener nominalmente mayores recursos para gastarlos vía el presupuesto.
Así que pronosticar una depreciación del peso de 40 centavos en promedio para el año, “les redituó” ocho mil 600 millones de pesos adicionales en los ingresos anuales. Claro que son ingresos “de saliva” que, en caso de que su pronóstico cambiario no se cumpla -como lo prevé el sector financiero- tendrían que ser ajustados en el presupuesto.
El asunto es que año con año se repite el mismo juego de irresponsabilidad (y de corrupción) de los legisladores en decisiones sobre las finanzas públicas que son de la mayor importancia para la vida de los ciudadanos, sin ninguna consecuencia directa sobre sus actos.
Cualquier tesorero corporativo que pretenda jugar de esta manera con el dinero de la compañía para la que labora, sería simplemente acusado de negligencia y, seguramente, despedido de inmediato. Pero con los legisladores no ocurre así.
Ahora los ingresos públicos para 2015 y los supuestos económicos en los que descansan, están en manos de los senadores que deberán analizarlos y votarlos. Esperamos encontrar allí a legisladores con mayor sentido de responsabilidad.
SÍGALE LA PISTA…
ASAMBLEA DE PESO. Hoy en punto de las 11 horas en Monterrey, Nuevo León, se celebrará la asamblea general ordinaria de accionistas de Grupo Financiero Banorte, sin duda la más esperada del año. Y es que de los cinco puntos de la orden del día aprobados por el Consejo de Administración, el ingreso formal de Carlos Hank González como consejero propietario del grupo, en reemplazo de su madre Graciela González, es el aspecto más relevante de la asamblea por las fuertes expectativas que se han planteado de que el nieto de don Roberto González Barrera asumiría, en algún momento, la presidencia del tercer grupo financiero del país, desplazando a Guillermo Ortiz Martínez de su actual silla. El asunto ya se da como un hecho. ¿Será?
EL TRÁNSITO DE TÉLLEZ. ¿Que a Luis Téllez le espera -otra vez- el sector energético tan de moda en estos días, lo que explicaría su renuncia a la Bolsa Mexicana de Valores? Eso parece. Ahora que la salida de Téllez de la presidencia de la BMV a finales de este año era la crónica de una renuncia preanunciada, dado que el ex funcionario público siempre vio su paso por el mercado bursátil como un asunto -digamos- de tránsito, después de que el presidente Felipe Calderón “lo recomendó” con los poderosos accionistas de la BMV, una vez que se vio obligado a dejar la titularidad de la SCT a principios de 2009.
Año con año se repite el mismo juego de irresponsabilidad (y de corrupción) de los legisladores en decisiones sobre las finanzas públicas que son de la mayor importancia para la vida de los ciudadanos, sin ninguna consecuencia directa sobre sus actos