El ex primer ministro británico Tony Blair lanzó este martes un reto que si bien no es nuevo, es pertinente y estratégico en la actual coyuntura para el gobierno del presidente Peña Nieto y para el país.
Se trata de la construcción de una alianza energética en Norteamérica que, según Blair, se convertiría en “el evento más transformador en política energética desde la formación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”. Una verdadera revolución con impacto directo en el mercado energético mundial, en palabras del ex primer ministro británico.
La idea no es exclusiva de Blair. En México la han expresado en eventos recientes algunos ex funcionarios públicos como Jaime Serra Puche, quien hace más de dos décadas tuvo a cargo la negociación del tratado de libre comercio de Norteamérica y conoce bien tanto la dinámica de la integración de los diversos mercados de la región, como las barreras políticas y diplomáticas que enfrentan.
Se podrá estar o no de acuerdo con el entusiasmo de Blair y de Serra, pero hay un hecho inevitable que está más allá de consideraciones personales y que debe ser tomado en cuenta en el diseño estratégico de las políticas públicas hacia el futuro: Que la explotación de gas lutitas y de energías renovables en los últimos años en América del Norte constituyen una verdadera revolución energética para el mundo y que hoy por hoy está impactando a la baja los precios internacionales del crudo.
Y esta realidad tiene un efecto potencial inmediato: que América del Norte puede convertirse en la principal potencia energética del mundo; una posibilidad que los países árabes ya están buscando contener a través del cártel de la OPEP, como ha ocurrido en las últimas décadas.
Pero este solo hecho de contar con dos vecinos que están produciendo energía en abundancia y a precios menores de lo que se había registrado en los últimos años, aunado a la reforma legal reciente en México que abre la inversión privada en el sector petrolero y energético, debe mover a tomar decisiones sobre lo que hará el país frente a esta nueva realidad en la región.
Una cosa es clara: Energía más barata significa mayor competitividad para la industria y, por lo tanto, mayores exportaciones para la manufactura mexicana con las consecuencias positivas que ello tiene sobre las cadenas productivas, los ingresos y los empleos.
Pero también significa mayor poder adquisitivo de los hogares al reducir el peso del gasto energético en el ingreso.
Y la realidad es que en México la energía es cara y un verdadero problema para la industria y los hogares.
Así que el sentido común diría que el país tiene que avanzar en abaratar su energía al nivel de lo que están haciendo sus vecinos, aprovechando la creciente oferta energética de la región -y eso implica mayor integración- e invirtiendo fuerte en la explotación y procesamiento de sus recursos energéticos, como ya lo prevén los recientes cambios legales.
La llamada alianza energética de América del Norte a la que llamó Blair en su paso por México, no es un asunto para desestimarse del debate público. Habrá que considerar todas las aristas de conveniencias y de riesgos para México, pero no se puede cerrar los ojos a una realidad que ya está allí y que exige respuestas de parte del gobierno, de los expertos y de los empresarios.
SÍGALE LA PISTA…
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 contempla un incremento de casi 47% en las aportaciones estatutarias al seguro de retiro, cesantía y vejez de Pemex. Un incremento de esta magnitud sólo lo explica que Pemex ya está previendo recursos para que unos 12 mil trabajadores de la petrolera transiten del esquema actual de pensiones a uno de cuentas individuales. Es decir, ya se contempla presupuestalmente para el próximo año el cambio de régimen de pensiones.
Y un dato más aporta el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Que esta migración no se hará al régimen del IMSS o ISSSTE, porque no hay en el Presupuesto 2015 un incremento similar en las cuotas sociales que destina el gobierno federal a las cuentas individuales.