Con 267 votos a favor, 71 en contra y cinco abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo particular y con modificaciones los artículos 26, 50, 57, 58 y 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Mientras que por 323 votos a favor, ocho en contra y cinco abstenciones se aprobaron, en los términos del dictamen, los artículos 19, 22, 23, 44, 47, 51, 54, 61, 62, 63, 80, 89, 93, 96, 98, 99, 100, 146, 151 y cuarto transitorio.
Las reservas aceptadas a los artículos 26, 50, 57, 58 y 83 fueron presentadas por Carmen Lucía Pérez Camarena, legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).
La discusión en lo general y en lo particular para aprobar el dictamen del decreto para expedir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes duró casi siete horas.
Al final la Cámara de Diputados avaló el documento elaborado por la Comisión de Derechos de la Niñez y lo devolvió a la colegisladora, para sus efectos constitucionales.
En la fracción XI del artículo 50 se estableció que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno se deben coordinar para proporcionar “asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva a las niñas, niños y adolescentes”.
También sobre este tema se incluyó la reserva a la fracción VIII del Artículo 58, a efecto de modificar y establecer que uno de los fines de la educación es promover la enseñanza sexual integral conforme a la edad, el desarrollo evolutivo, el cognoscitivo y la madurez de los menores de edad.
Basados en dichos lineamientos se les permita ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
De igual modo se agregó un párrafo al Artículo 57, para instituir que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niños y adolescentes tendrán derecho a intervenir en su educación, según los términos previstos por el Artículo 103 de esa legislación.
Las reservas a los artículos 26 y 83 son precisiones de redacción. En el primer caso se eliminan las palabras “de manera excepcional”, relativas al acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social a los menores de edad y en el 83 se quita la coma después de la palabra “lúdico”.
Pérez Camarena indicó que las reservas derivan de que, actualmente, el conjunto de derechos sexuales es un concepto en construcción, que no tiene definido su contenido ni alcances, pues abarcan decisiones respecto del número de hijos, el acceso a los métodos anticonceptivos y la libertad sexual, entre otros.
“Es un concepto en construcción que no ha alcanzado el consenso necesario para convertirse en parte de algún instrumento de Derecho Internacional que haya firmado el Ejecutivo federal y ratificado el Senado”, subrayó.
“La incorporación al marco jurídico nacional de conceptos no validados internacionalmente y de los cuales existen cuestionamientos y debates importantes sobre su contenido y alcance, exige actuar con responsabilidad y certeza al respecto”, afirmó la panista.
Contra de estas reservas se manifestaron los diputados Martha Lucía Mícher Camarena, Aleida Alavez Ruiz y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Dichos legisladores alertaron que con esta reforma se desconocen los llamados derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad, lo que a su parecer limita su desarrollo educativo.
En cambio Héctor Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como los panistas José Alfredo Botello Montes y Raquel Jiménez Cerrillo se manifestaron a favor.
Ellos argumentaron que en el Artículo 50 se establecen las medidas tendientes a prevenir embarazos de niñas y adolescentes, además de reiterar que esos derechos sexuales y reproductivos no están señalados en la Constitución ni en los tratados internacionales.
El dictamen, que también reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, deriva de una iniciativa preferente del Ejecutivo federal que fue remitida al Senado de la República.