Para afianzar su control en la región de Tierra Caliente y el norte de Guerrero, el crimen organizado seleccionaba y palomeaba a civiles para que ingresaran a las filas de corporaciones policiales municipales. Hasta ahora hay certeza de que esto ocurría en Iguala y Cocula y se indagan varias corporaciones más.
Se trata de una línea de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) que se desprende de las indagatorias relacionadas con las redes de corrupción que han construido grupos criminales que se escindieron del cártel de los Beltrán Leyva.
Esta semana 24 HORAS publicó que la mayoría de los policías de las 14 corporaciones municipales desarmadas en Guerrero por supuestos nexos con la delincuencia organizada, ya habían acreditado los exámenes de control de confianza que se ordenan para ser policía en cualquier parte del país.
Las autoridades federales sospechan ahora que los policías sólo cumplían con los requisitos de las evaluaciones, pero varios de ellos, sino es que corporaciones completas, eran mantenidos sin importar los resultados por órdenes de los criminales.
De acuerdo con autoridades federales consultadas podrían existir dos modalidades para infiltrar a los agentes corruptos. Una era que los cárteles como Guerreros Unidos literalmente ordenaban a los jefes policiales que aceptaran a sicarios en sus filas y los convirtieran en policías.
El miércoles, el procurador Jesús Murillo Karam subrayó que por lo menos en el caso de Iguala esta era la situación que se presentaba. “El grupo delincuencial (Guerreros Unidos) decidía los nuevos ingresos de los integrantes como policías municipales”, indicó.
La otra modalidad es que líderes criminales avalaban a ciertos elementos ya reclutados previamente para convertirlos en sus cómplices y facilitar sus operaciones.
La cooptación de las corporaciones municipales en Guerrero le permitía a los criminales facilitar su actividad delictiva, realizar funciones de vigilancia sobre otras fuerzas estatales o federales, e incluso actuar en conjunto con ellos en acciones en contra de grupos antagonistas u otras personas.
Fue esto lo que permitió por ejemplo que fuerzas municipales de Iguala y Cocula aplicaran un operativo para atacar y secuestrar a estudiantes normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.
Las corporaciones policiales bajo sospecha son las de los municipios General Canuto Neri, Pungarabato (Ciudad Altamirano), Teloloapan, Apaxtla, Buenavista, Taxco, Coyuca de Catalán, Tlepehuala, Pilcaya, Arcelia, Ixcateopan, San Miguel Totolapan, Cocula e Iguala.
También alcaldes
La SEIDO también verifica si al igual que ocurrió con policías locales, los mismos alcaldes de varios municipios habrían sido promocionados y colocados por el crimen organizado por lo menos en la zona de tierra caliente en Guerrero.
En el caso del alcalde prófugo de Iguala José Luis Abarca las autoridades federales ya han logrado identificar nexos con el grupo de Guerreros Unidos desde que estaba en su periodo de campaña a la presidencia municipal de esa localidad.
No se descarta que el crimen organizado haya inyectado dinero ilícito a las campañas en este y otros municipios a cambio de dádivas posteriores como ocurría en Iguala, donde se utilizaban recursos públicos para hacer pagos periódicos de dos a tres millones de pesos a los delincuentes.
Y en Ixtapan autoridades aún bajo sospecha
El alcalde de Ixtapan de la Sal, Ignacio Ávila Navarrete, y su jefe y subjefe de la policía municipal, continuaban hasta el cierre de esta edición declarando ante fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ante la sospecha de posible colaboración con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”.
Fuentes federales indicaron que la declaración de las personas mencionadas aún era en calidad de testigos y concluida la misma se definiría si se procedía penalmente en contra de ellos, se solicitaba un arraigo, o se les permitía irse.
Cabe recordar que solamente en casos de delincuencia organizada la ley faculta al Ministerio Público para duplicar de 48 a 96 horas el tiempo para retener a una persona antes de definir una posible responsabilidad.
Los que cumplieron prácticamente cuatro días a disposición de la SEIDO son Ávila Navarrete, junto con el Director de Seguridad Pública de la localidad Efraín Pedroza y otro mando de la misma corporación.
Al igual que en varios municipios de Guerrero, la SEIDO tiene datos que apuntan a que en Ixtapan de la Sal integrantes del referido grupo habían infiltrado a las estructuras del gobierno local.