La Procuraduría General de la República (PGR) deberá hacer públicas las estadísticas de averiguaciones previas iniciadas por el delito de desaparición forzada desde el sexenio de Felipe Calderón.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) consideró que transparentar esos datos tiene relevancia en el contexto de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, lo cual evidencia el grave problema de las desapariciones forzadas en diferentes partes del país y la escasa o nula información existente.
La PGR deberá entregar el número de órdenes de aprehensión obtenidas y ejecutadas por el delito de desaparición forzada, el número de autos de formal prisión dictados, el número de sentencias de primera instancia dictadas, así como el número de sentencias firmes.
Areli Cano Guadiana, comisionada del IFAI, determinó, en el análisis del caso, que la Procuraduría “no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes, al menos cinco, para conocer sobre las órdenes de aprehensión”.
La desaparición forzada, dijo, representa uno de los actos más extremos de violencia, debido a los abusos acumulados a diferentes derechos tales como derecho a la vida, libertad, seguridad, a no ser sometidos a torturas, en los cuales participan agentes estatales.
A su parecer, “una información confiable y desagregada además de permitir la identificación de las víctimas es indispensable para que los familiares y la sociedad conozcan la verdad sobre estos hechos tan lamentables”.