Una red de contrabandistas de ropa y textiles integrada por mexicanos y asiáticos, con el apoyo y aval de jueces de Baja California, causaron un quebranto fiscal al Estado por mil 500 millones de pesos, una cifra que puede alcanzar cerca de 10 mil millones de pesos, según la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive).
“El daño fiscal (por esta operaciones) estamos hablando de que representan el no pago de una cifra aproximada de mil 500 millones de pesos”, aseguró Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La impunidad se convierte en una práctica que promueve la economía informal e ilegal en México, afirmó el funcionario durante la conferencia de prensa donde presentaron una investigación sobre una red de contrabando.
Agregó que la industria del vestido y textil generan 420 mil empleos y representa 10% del valor del sector de la transformación en la República Mexicana.
“Esos empleos, esa creación de valor y esa aportación a la economía, que hace la industria textil y del vestido, se ve todos los días amenazada por la actividad ilegal que utiliza las debilidades y los subterfugios del sistema judicial”, reconoció.
“Al menos 31 importadores están realizando, a juicio y presunción de la autoridad, contrabando equiparado, es decir, subvaluación”, dijo Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los importadores hacían negocios con 53 proveedores de China, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Panamá, Islas Vírgenes y Estados Unidos, precisó el responsable del despacho tributario.
Explicó que en la primera etapa de la investigación se ha detectado una red de contrabando que evade el pago de los impuestos y simula una gestión empresarial usando recursos financieros cuyo origen es ilícito.
“Los importadores, a través de subsidiarias intermediarias o empresas afines, generan esa utilidades y las trasladan a 113 ordenantes que son empresas fachada que también están constituidas en México”, comentó Núñez Sánchez.
El descubrimiento de esta red internacional de presuntos contrabandistas es resultado de una investigación coordinada sin precedentes, llevada a cabo de julio de 2013 a junio de 2014, y una de las respuestas a las demandas de los industriales del sector en el país quienes han sido afectados por la competencia desleal que esto provoca.
La SHCP interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en contra de 154 personas físicas y morales que presumiblemente conforman una red de proveedores, importadores y empresas ficticias dedicadas al contrabando de mercancías de importación del sector textil.
“El sector privado está unido contra la ilegalidad; la autoridad hace su parte y la industria hace la suya”, dijo Moisés Kalach Balas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil.
El empresario recordó que entre los 12 y 18 últimos meses el nivel llegó a niveles exorbitantes y tomó a la planta productiva como rehén.
“Esos hechos fueron generados por corrupción de jueces que otorgaron amparos, que llevaron el nivel de subvaluación por arriba del 50% de las importaciones”.
“Los cálculos de nuestra industria nos hacen creer que la evasión fiscal puede elevarse a niveles de entre ocho mil y 10 mil millones de pesos en los últimos 18 meses”, concluyó Kalach Balas.