WASHINGTON. La llegada masiva de menores indocumentados provenientes sobre todo de Centroamérica ha provocado una crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos y ha reanimado la irreconciliable discusión sobre la necesidad de nuevas leyes migratorias. En ese sentido, la CIDH urgió a EU a cerrar los centros de detención de niños y familias inmigrantes habilitados y a encargar a una agencia independiente la investigación de las denuncias sobre supuestos abusos cometidos en esos centros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó durante una audiencia su preocupación por la gestión que el gobierno de Barack Obama ha hecho de la crisis provocada por la llegada de más de 60 mil menores no acompañados a la frontera sur este año, procedentes principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras.
El reporte explica que, tras una visita llevada a cabo por los miembros de la Comisión entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, encontró inquietante información sobre graves violaciones a los derechos humanos de los niños, entre ellos a la libertad, la seguridad personal, igualdad ante la ley y al debido proceso.
“La Comisión ha expresado repetidamente que los niños no deben ser retenidos en centros de detención”, dijo uno de los siete miembros de la CIDH, Felipe González, que a comienzos de este mes visitó el sur de Texas para evaluar la situación de los menores.
Estados Unidos tiene actualmente tres centros de detención de familias donde los migrantes permanecen mientras su proceso de deportación avanza en el sistema judicial, ubicados en Karnes City (Texas), Artesia (Nuevo México) y Leesport (Pensilvania).
En 2009, EU cerró el único centro de detención para familias inmigrantes que existía hasta entonces, el antiguo presidio T. Don Hutto en Texas, pero la oleada de los últimos meses provocó la decisión del gobierno de Obama de volver a utilizar instalaciones de este tipo con el objetivo de disuadir nuevas llegadas.
“El hecho de tener o no centros para detener a niños migrantes no es un factor clave en la prevención de la migración masiva de niños y familias”, advirtió el comisionado González.
Rosa María Ortiz, relatora de los derechos de la niñez en la CIDH, agregó que durante una visita a México pudo hablar con algunos adolescentes que han sido deportados, “y todos repiten que volverán a intentarlo porque es peligroso permanecer en su país”.
Al respecto, un representante del gobierno de EU defendió que el uso de esos centros de detención encaja con los estándares internacionales, y aseguró que se seguirán utilizando.
“Lo que nosotros estamos haciendo, desde nuestro punto de vista, encaja completamente con los derechos internacionales y con las leyes de EU”, indicó Timothy Zúñiga-Brown, el coordinador del grupo de trabajo del Departamento de Estado sobre los niños no acompañados, en declaraciones a periodistas tras la audiencia.
“Nuestra política es seguir ampliando estas instalaciones”, añadió el funcionario, y subrayó que el gobierno estadounidense “respeta los derechos humanos” de los detenidos y está “comprometido a investigar” las denuncias sobre posibles abusos.
Uno de los representantes de organizaciones que solicitaron la audiencia en la CIDH, el abogado Charles Abbott, acusó a EU de escudarse en “el flujo mayor de menores centroamericanos para dar pasos atrás en estándares fundamentales del derecho internacional”.
“Es sumamente preocupante que EU haya abierto tres centros de detención y proyecte la ampliación de este programa. Eso contraviene la regla de que la detención debe ser la excepción y que cuando se trata de niños no deben ser detenidos”, señaló Abbott, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Las organizaciones solicitantes de la audiencia pidieron a la CIDH que elabore un informe sobre el tema y exija al gobierno estadounidense que una agencia independiente examine las peticiones de asilo y supervise a los niños mientras éstas se procesan.
“Resulta muy preocupante que una persona detenida, una madre con un hijo, ambos en detención, tenga que entregar sus denuncias de arbitrariedades o incluso de abuso sexual en un buzón que va a la misma empresa privada que está deteniéndola, a sabiendas que eso puede significar represalias en su contra”, señaló Abbott.
El comisionado González confirmó que el contratista privado GEO controla al menos uno de los centros de detención, y que son ellos quienes examinan y filtran las denuncias de los migrantes detenidos.
“El hecho de que estén con una empresa privada no nos da más garantías. Al contrario, sabemos de los problemas y sabemos del negocio que genera detener personas”, añadió la comisionada Ortiz.
González consideró “muy importante que una agencia independiente se encargue de supervisar las condiciones de los centros de detención y permitir que la sociedad civil los visite”.