A más de cinco años del incendio de la Guardería ABC, en Sonora, un grupo de padres y madres de infantes fallecidos presentó una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, EU, contra el gobierno mexicano luego de que no ha proporcionado acceso a la verdad, a la justicia y a garantías efectivas de no repetición.
Con dicha petición, los padres integrantes del movimiento “5 de junio” solicitaron formalmente al organismo internacional que evalúe la admisibilidad y pueda atraer el caso para su análisis. De confirmar las violaciones a derechos humanos, la Comisión podría emitir un informe con recomendaciones y señalamientos al Estado mexicano.
Acompañados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los padres fueron recibidos por Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH; Rosa María Ortiz, relatora para los derechos de la niñez; y James Cavallaro, relator para México.
La solicitud se presentó la víspera, en el marco del 153 periodo de sesiones de la CIDH, el cual se celebra cada dos años para sostener audiencias públicas, como un recurso luego de que los padres agotaron las instancias mexicanas para buscar justicia, por lo que el siguiente paso es acudir a los organismos internacionales.
En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que funcionarios de nivel medio estaban involucrados en violaciones graves a derechos constitucionales a la vida, integridad física, de la niñez, salud y seguridad social, sin embargo, los padres de los 49 niños fallecidos por el incendio, el 5 de junio de 2009, criticaron que altos funcionarios no hayan sido responsabilizados.
Asimismo, denunciaron que el incidente no se trató de un suceso imprevisible, sino que “fue el resultado de una política concreta en materia de estancias infantiles, ya que dicha guardería operaba en una nave industrial sin mínimos estándares de seguridad: se trata del esquema de subrogación de estancias infantiles implementado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una política que produjo un desorden generalizado en el sistema de estancias infantiles a nivel nacional. Dicho sistema, tendiente a transformar un servicio público del Estado en un negocio, tuvo el efecto de poner en riesgo a un sinnúmero de niñas y niños”, indicó el Centro Prodh en un comunicado
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