En el marco del proceso de elección o posible relección de la presidencia de la CNDH para el periodo 2014 -2019, representantes de organizaciones de la sociedad civil, se reunieron con senadores integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia, donde advirtieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, actualmente presidida por Raúl Plascencia Villanueva, ha perdido toda credibilidad ante la sociedad, al ser omisa ante las miles de violaciones a derechos humanos que diariamente se cometen en el país.

 

Al hablar en representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ximena Andión Ibáñez, aseguró que la CNDH no ha estado a la altura de la crisis de los derechos humanos que se vive en el país, y afirmó que la institución ha sido omisa en graves violaciones a derechos humanos o actúa muy tarde solo en casos mediáticos y por razones políticas.

 

“La CNDH es una institución en estos momentos sin fuerza política ni legitimidad social que le ha dado a la espalda las víctimas, no hay confianza en que en realidad sea garante de los derechos humanos. No es un referente moral ni legítimo y no está a la altura de la crisis de los derechos humanos que se vive en el país. La CNDH ha sido parte del problema en lugar de la solución”, agregó.

 

Ello fue secundado por Carlos Mendoza, representante de México Unido Contra la Delincuencia, quien señaló que el organismo defensor no ha estado a la altura de los nuevos desafíos en la materia, siendo por demás una Comisión lenta, rezagada y ausente.

 

“En la actualidad hay un sentimiento y un reclamo colectivo el cual señala que esta (CNDH) se encuentra en deuda con la población en su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, declaró.

 

Durante la jornada de las audiencias públicas relativas a la renovación de la titularidad en la comisión, 12 de las 13 organizaciones invitadas entre ellas, Fundar, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, tuvieron una visión coincidente sobre los retos que aún no resuelve la Comisión, por lo que aprovecharon para solicitar al Senado que en un acto de responsabilidad elijan al candidato con el mejor perfil para ser el nuevo ombudsman nacional.

 

La Asociación Alto al Secuestro, cuya representante es Isabel Miranda de Wallace, fue la única que mostró su apoyo a la reelección de Raúl Plascencia. Durante su participación en el encuentro, Miranda de Wallace, destacó el trabajo del actual ombudsman, e incluso defendió al presidente de la Comisión de aquellos señalamientos en su contra por omisión sobre todo en el caso Ayotzinapa.

 

Con su intervención la representante de Alto al Secuestro enrareció el debate, por lo que incluso tuvo que ser silenciada por los senadores, al ir en contra del acuerdo por el que se determinó que no se podría apoyar abiertamente a ningún candidato, ni hacer actos de proselitismo o en su caso de desprestigio contra algunos de los aspirantes a ombudsman.

 

De acuerdo con organizaciones como Fundar, el Centro Jurídico Derechos Humano y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otras, criticaron además que hasta el momento no se hayan hecho públicos los documentos que se pidieron a los candidatos, como cartas de recomendación, posicionamientos y, sobre todo, el plan de trabajo de cada uno de ellos.

 

Incluso se mostró preocupación por el desconocimiento de la forma y los criterios con base en los que se determinó la depuración de 20 candidatos.

 

Entre otras observaciones, las asociaciones civiles señalaron que las recomendaciones emitidas por la CNDH actualmente no son vinculantes, por lo que los gobiernos sólo las “aceptan” para evitar costos políticos.

 

“La Comisión tiene una deuda gravísima y muy honda con las víctimas de este país: hemos dejado creer en estas instituciones, por lo que entre las primeras cosas que debe hacer es restituir la confianza de la ciudadanía. Esto significa todo un reto porque uno de los elementos primordiales deberá ser legitimar el origen del nuevo ombudsman y, después, sustentar una gestión que favorezca la discusión pública y amplíe los marcos para su protección y ejercicio”, indicó Miguel Moguel, investigador en derechos en Fundar.